Por diez años consecutivos, Cajamarca lidera el ranking de los departamentos más pobres del Perú. Según el último reporte del INEI, Cajamarca tiene el nivel de pobreza monetaria más alto, con un 45% por encima de Loreto, Puno, Pasco y Huánuco. Pero no sólo eso, al 2024, Cajamarca también se posiciona con la tasa de pobreza extrema más alta a nivel nacional (entre 15,1% y 20,3%), junto a Loreto.
Esto significa que, desde hace más de una década, una gran parte de la población de Cajamarca no tiene los suficientes ingresos para acceder a una canasta básica de alimentos y cubrir necesidades esenciales como vivienda, vestido, educación, salud. Mientras otro tanto, ni siquiera puede cubrir su alimentación, es decir: pasan hambre.
Pero hay otro hecho más grave. Cajamarca ha normalizado la pobreza. No hay reacciones. Ya no hay indignación. Las cifras no son noticia de alerta en el ámbito regional y menos es un tema de discusión en los espacios locales, rurales y comunitarios donde, precisamente, la pobreza se ha instalado. Pareciera que hay una resignación colectiva, empezando por las autoridades, los medios de comunicación y las instituciones públicas. Los datos y las evidencias juegan un rol clave en la toma de decisiones. Hoy, contamos con las cifras, pero no con la voluntad política ni con el recurso humano y técnico que utilice esta información para (re) diseñar políticas públicas más efectivas que promuevan, por ejemplo, empleos dignos con amplia cobertura territorial, un mayor acceso a educación, un sistema de cuidados, el fortalecimiento de capacidades para el impulso de la agricultura familiar, entre otros.
Cajamarca requiere un esfuerzo multiactor y un plan estratégico a largo plazo que priorice el tema desde un enfoque técnico, pero también desde la mirada social, profesional y académica. Esto significa un cambio de prioridades que pueda ser compartido y sostenido por todos los actores sociales y políticos de la región. Los montos por canon minero que ha recibido Cajamarca durante décadas, las millonarias inversiones públicas anuales y las iniciativas lideradas por el gobierno nacional demuestran esfuerzos dispersos y desarticulados con muy poco impacto.
Por otro lado, la separación entre el campo y la ciudad en un territorio donde más del 64% de la población se encuentra en zona rural, y un centralismo regional no han permitido lograr un desarrollo inclusivo y en igualdad de oportunidades.
Gestora Cultural con más de diez años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos sociales, políticos y culturales en el sector público y privado. Con experiencia en docencia cultural e investigación. Actualmente, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia. Reside en Cajamarca