Juez de Puno: La castración química no bajará los índices de violación

El juez superior de Puno, Reynaldo Luque Mamani, presentó su libro Derecho Penal. Se trata de un compendio de 233 páginas que estudia los propósitos de esta rama del derecho dentro de la sociedad. Deja en claro que el Estado por más poder sancionador no puede excederse en sus límites, salvo en hechos extremos. A eso se le conoce como la proporcionalidad. A propósito de su libro habla de la castración química para violadores.

¿El Derecho Penal sigue siendo ese conjunto de reglas que controla la acción humana en función a la justicia?

El Derecho Penal (que castiga al infractor de la ley) es necesario en una sociedad como la nuestra y en cualquier otra sociedad. Ningún país podría prescindir de ella. Pero de ahí a que el Derecho Penal, controle la coexistencia o la convivencia social es una ilusión.

-¿Es una ilusión a partir de su experiencia o la realidad?

-Lo digo por la realidad y también lo he experimentado como abogado y magistrado. El derecho penal protege bienes jurídicos como la vida, el patrimonio, la buena administración cuando pero ya se materializó el delito.

¿Se deberían imponer penas más duras para castigar los delitos?

El Ius puniendi es una expresión jurídica latina, que advierte de la capacidad del Estado de perseguir el delito. Esa persecución debe ser eficaz. La única forma de ser eficaz es trabajar con pruebas e indicios para destruir la presunción de la inocencia y luego de un debido proceso conseguir una sentencia.

¿Usted cree que se está cumpliendo ese precepto?

¡No! Hay un porcentaje preocupante de sentencias absolutorias por falta de actividad probatoria.

¿Tácitamente le está echando la culpa a la fiscalía del archivamiento de casos?

Es que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Cuando se prueba el delito se llama persecución eficaz. No podemos ingresar al rol de la fiscalía.

¿Imponiendo penas más severas a delitos de violación, entre otros bajarán los índices de abuso a menores o lo reducirá criminalidad, que son los temas más sensibles en el país?

¡No! (…) Se requiere desarrollar políticas públicas de cara a la prevención de delitos. Son los gobernantes los que deben trabajar políticas públicas. La pena por sí misma ya no disuade. La tasa de criminalidad es más creciente en los delitos violentos. Por ejemplo, se castiga el feminicidio con pena alta y cada vez hay más casos de estos. Se endureció las penas de violación pero las tasas de criminalidad son crecientes, igual son los casos de corrupción. El derecho penal con su pena no disuade. Hay que trabajar en la prevención y en la persecución penal eficaz. Si se produce un caso de sicariato se debe actuar de inmediato para detener y acopiar pruebas para no estar años en proceso.

Cuál es su lectura con relación a la propuesta del Gobierno respecto a la castración química a violadores de menores a raíz del caso Damaris.

Por principio esa propuesta no tiene futuro.

¿Porqué?

Porque el delincuente por más delincuente que sea tiene dignidad y la castración química es una afectación grave a la dignidad. La dignidad está consagrada en la Constitución. La pena, filosóficamente hablando, es una sanción para el hombre que delinquió pero con fines de resocialización. El Estado está en la obligación de resocializar. Ese va ser el principal obstáculo para que la castración química no proceda. Además la castración química no va disuadir la criminalidad en delitos de violación.

Varios juristas sostienen que la política que sanciona los crímenes no está funcionando en función a la realidad.

El Estado no tiene una política criminal la cual nace a partir del estudio de los delitos. No tenemos estudios sobre las características del delito como país, como región y como provincias para enfrentarlo eficazmente. Hay diferentes realidades. No solo hay que pensar en sanciones. Hay que trabajar más en la prevención. Ese también es el rol de la fiscalía. Se requiere trabajar mucho en la conciencia ciudadana. Ante una amenaza potencial se debe responder eficazmente en alianza con todos los niveles del Estado.

Más allá de los conceptos penales que bien se desarrollan en su libro, hay una realidad en concreto. La ciudadanía le ha perdido fe al sistema de justicia y es el colectivo que adopta sanciones y hasta se involucra en investigaciones como las Rondas Campesinas. (…)

Con bastante hidalguía asumo que es verdad. Hay desconfianza porque no hay respuesta rápida, oportuna y eficaz. El Estado no llega donde la criminalidad es creciente. Eso da lugar a los ajusticiamientos, el cual está vedado. Hay jueves que nos esforzamos para realizar nuestro trabajo pero también en otros sectores hay roles. Pero también hay deficiencias. Por ejemplo, no tenemos un laboratorio de criminalística. Las pruebas para esclarecer los hechos se van a Lima. Un ADN llega después de cuatro o cinco años.

Cuál sería el mea culpa desde la magistratura.

-Yo creo que cada magistrado tendría que dar esa respuesta. El impartir justicia requiere compromiso y eso lo darán los magistrados con su trabajo, con agilidad y una respuesta oportuna.

Varios juristas sostienen que el derecho penal peruano es demasiado garantista y no es eficaz en la lucha de varios flagelos sociales. ¿Comparte esa posición?

Desde mi percepción este sistema garantista es la única forma de combatir al flagelo de la criminalidad.

Pero la criminalidad ya le sacó la vuelta.

Sí, pero en todo caso hay que cohesionarlo. El Código actual exige mínima actividad probatoria. Entonces quien debe probar es la fiscalía. Si no se prueba no habrá condena y eso genera sensación de impunidad.