Corredor minero: PCM propone abrir el diálogo este 28 de agosto en Cusco

El conflicto social volvió a encenderse en un tramo del corredor minero, vía que utilizan mineras de Cusco y Apurímac para transportar el cobre a Matarani y embarcarlo a Asia.

La tregua de los comuneros de Chumbivilcas duró dos semanas. Desde el domingo, el paso vial se mantiene bloqueado a la altura de la comunidad de Huaylla Huaylla y otros tramos.

Wilber Fuentes, presidente del Frente de Defensa de Chumbivilcas, informó que la huelga continuará hasta la instalación de una mesa de diálogo. El dirigente culpó al premier Guido Bellido del reinicio de las protestas. Lo acusan de incumplir los compromisos asumidos el 2 de agosto. Según ellos, transcurrieron 15 días de la tregua y la PCM no se comunica, no responde sus llamadas. “El 11 de agosto presentamos por mesa de partes virtual un documento dirigido a la PCM para expresar nuestra preocupación por la demora de las mesas de diálogo. No hubo respuesta”, dice el pronunciamiento del gremio que preside Fuentes. Las mesas de diálogo debían instalarse desde el 11 de agosto.

El dirigente fue severo con Bellido por sus últimas declaraciones. En estas el primer ministro señaló que el gobierno identificó a algunos abogados y azuzadores que motivan la protesta en Chumbivilcas.

“Es muy irresponsable lo que dice. Las comunidades han decidido reiniciar la protesta porque ellos no cumplieron su palabra de instalar la mesa de diálogo. “, expresó.

En el comunicado consideran que Bellido tiene poco interés en solucionar el conflicto. Recurre al argumento de la instigación, el mismo que usaron los gobiernos anteriores.

Por su parte, la PCM emitió un comunicado en el que anuncia una mesa de diálogo para el 28 de agosto en Santo Tomás, capital de la provincia. Los dirigentes anunciaron que se pronunciarán cuando se oficialice la propuesta. Algunos estaban de acuerdo con levantar la medida, otros no.

Reclamos

Este conflicto involucra a las comunidades campesinas de Huininquiri, Muyo Orcco, Cancahuani, Llacca Llacca, Cruzpampa e Idiopa, Ñaupa, Japo y Urinsaya, ubicadas en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca y Chamaca.

Todas estas localidades están ubicadas en el área de influencia del corredor minero, vía por la que la empresa Las Bambas, una de las productoras de cobre más grandes del país, transporta sus minerales en camiones de carga. Piden la derogatoria de la resolución Ministerial N° 372, publicada en mayo del 2018, que declara sus territorios como vía nacional para favorecer el paso de los carros encapsulados. Solicitan ser considerados de influencia directa del proyecto Las Bambas. Ello implicaría que les incluyan en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se adopten medidas de mitigación.

La vía pasa por sus terrenos. Reclaman que el cambio no les hayan consultado. Exigen una compensación económica.

Judith Jhuno, dirigente de Ccapacmarca, indicó que la polvareda que levantan los vehículos afecta los pastos naturales. Contaminación, según ellos, revelada en un informe de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicado en septiembre de 2019.

“El polvo afecta todas las casas, los sembríos. La salud de nuestros hijos y ganado. Y nadie responde por eso”, dijo.

Corredor de conflictos

No solo Chumbivilcas tiene en jaque al corredor minero. Son varias comunidades asentadas a lo largo de la ruta entre Cusco y Apurímac con reclamos pendientes. También exigen la presencia de la PCM.

Por ejemplo, la población de Livitaca (Chumbivilcas) que cuestiona a la empresa Hudbay que explota el yacimiento de cobre Constancia.

A través de un oficio del 2 de agosto, el alcalde de Livitaca solicitó una comisión de alto nivel para renegociar el contrato con la empresa. Piden un nuevo convenio marco a la minera.

Un segundo conflicto contra Hudbay lo lidera el Frente de Defensa de Chumbivilcas. Recientemente pidieron una mesa técnica para el 19 y 20 de agosto en Lima. Le piden a la minera carreteras y el hospital Santo Tomás”, indicó Wilber Fuentes, dirigente chumbivilcano.

Otra de las mineras que afronta conflictos es Antapaccay en la provincia de Espinar. Las comunidades campesinas de Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Paco Pata, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana y Huini denuncian impactos ambientales como la desaparición de ríos del proyecto Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, mina de oro y cobre de Antapaccay.

Estas comunidades originarias pidieron a la PCM una mesa de diálogo para tratar la problemática socioambiental. Antapaccay, por su parte, ha reiterado su respaldo a la consulta previa para su proyecto. Un equipo multidisciplinario del gobierno estudia los posibles daños ambientales y tienen hasta el 4 de octubre para emitir un informe.

También en Espinar un conflicto sin resolver es el reclamo por la presencia de metales pesados en los comuneros, pese a una sentencia confirmada para la asistencia de salud de las comunidades y agua segura en su consumo.

Varias comunidades responsabilizan a la minera Antapaccay por los metales pesados, aunque no hay pruebas de que la minera sea la fuente de la contaminación.

Según el reporte de conflictos de julio de la Defensoría del Pueblo, Cusco se mantiene en el segundo lugar del país con 22 problemas sociales .

Conflictos en Apurímac

En Apurímac, conflictos sociales están latentes. La comunidad campesina de Choaquere, ubicada en el distrito de Challhuahuacho (Cotabambas) acusa a la minera Las Bambas de incumplir sus compromisos socio ambientales. Incluso piden la devolución de las 150 hectáreas cedidas en el 2010

La Defensoría, suma 13 conflictos en esta región. Actualmente, retornó la paz a la zona tras un acta firmada el 22 de julio.

Igualmente, en la comunidad de Huancuiri del distrito de Coyllurqui (Cotabambas) se tiene demandas pendientes contra la empresa Las Bambas. A través de una carta a la PCM, el 2 de agosto solicitaron una reunión con carácter de urgencia y su intervención en calidad de garante.

Denuncian la contaminación de los recursos hídricos de la zona y piden el reinicio de la consulta previa.

Otro distrito en conflicto en Cotabambas es Mara, también contra Las Bambas. Ellos piden el pago por afectaciones prediales en el tramo del corredor minero. El 22 de julio se firmó un acta con algunos acuerdos.

Aunque en todos estos conflictos el diálogo está en marcha, la Defensoría los considera activos y que requieren de una acción del Ejecutivo Nacional para evitar que estallen.

Sin estrategia

Para el sociólogo José Lapa, el Estado se ha mostrado ineficaz en la resolución de los conflictos en los últimos años. “Van varios años de mesas de diálogo en Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas, sin mayores avances”, sentenció.

Lapa considera que Castillo y su gabinete, aún no muestran con claridad cuál será la estrategia para resolverlos.

“Pareciera que va a ser más de lo mismo y que los conflictos en el sur continuarán en el caso de personas con metales tóxicos, comunidades empobrecidas y excluidas que observan la creación de la riqueza, criminalización de la protesta, etc”, agregó.

El sociólogo considera que en el corredor minero los conflictos son de convivencia y no de rechazo a las inversiones mineras.