Corte de Lima Norte aclara que policías procesados nunca fueron liberados

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07 Mar 2021 | 23:58 h
Magistrada recién obtuvo bachillerato en diciembre del 2020, pero incluso sobre ello hay dudas. Foto: captura de Cuarto Poder
Magistrada recién obtuvo bachillerato en diciembre del 2020, pero incluso sobre ello hay dudas. Foto: captura de Cuarto Poder

Instancia también informó que la jueza Katherine Villafana Maldonado ha sido retirada el cargo

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte negó que los policías Luis Castro Valdez, Paul Ríos Fernández y Daniel Gutiérrez Murillo, acusados de tráfico de drogas, hayan sido liberados debido a que el habeas corpus presentado a su favor fue declarado improcedente.

Asimismo, la instancia confirmó que la jueza Katherine Villafana Maldonado fue retirada el cargo y que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) abrió una investigación preliminar sobre el caso.

Nota previa

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte se encuentra en medio de un escándalo tras conocerse el caso de la jueza Katherine Villafana Maldonado, quien ejerció el cargo sin haber culminado con sus estudios superiores y cuya designación habría sido irregular.

El hecho se conoció luego que el abogado José Carlos Mejía Chávez lograra la excarcelación de los policías Luis Castro Valdez, Paul Ríos Fernández y Daniel Gutiérrez Murillo, acusados de robo y tráfico de drogas, por medio de un habeas corpus.

A los agentes y treces compañeros de la misma institución se les acusaba de revender en el mercado negro el estupefaciente que incautaban en los operativos que realizaban. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima Norte ordenó prisión preventiva por 18 meses en octubre del año pasado para los implicados y a pesar que los procesados apelaron, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la misma corte confirmó la resolución el 1 de diciembre.

Mejía Chávez presentó el habeas corpus ante la jueza Katherine Villafana Maldonado, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio, el 11 de diciembre pasado y el 14 de enero de este año el recurso fue aceptado, y por ende, los agentes procesados dejaron el reclusorio donde estaban.

La decisión de la jueza Villafana llegó hasta el procurador público del Poder Judicial, Marco Antonio Palomino Valencia, quien afirma que una de las cosas que más le llamó la atención es que la resolución que liberaba a los agentes procesados carecía de todo tipo de sustento.

“Lo único que contenía era citas doctrinarias, copia y pega de libro de autores sobre la materia, opiniones de la Corte Interamericana de lo que es prisión preventiva y contenía una monografía sobre el hacinamiento de los penales. (...) No había una línea que aterrizara la motivación en el caso concreto”, señala Palomino en declaraciones a Cuarto Poder.

El reportaje también menciona que en la resolución que liberó a los policías se consignó las direcciones equivocadas de los jueces que confirmaron la prisión preventiva, es decir, no habrían sido notificados.

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El procurador Palomino afirma que adicionalmente se enteró que el abogado José Carlos Mejía Chávez presentó otro habeas corpus en el turno de la misma jueza para lograr la liberación de seis policías más que también estaban implicados en el mismo caso. Fue entonces que empezó a investigar a la magistrada y descubrió que no contaba con título universitario.

Cuarto Poder corroboró que Katherine Villafana Maldonado registra solo el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Privada de Trujillo, pero ahí se indica que lo obtuvo recién el 23 de diciembre del 2020.

El dominical encontró otra irregularidad. La jueza obtuvo su colegiatura en el año 2015 en el Colegio de Abogados del Callao, pero presentó que hizo sus estudios en la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote.

Asimismo, la magistrada declaró haber estudiado de forma presencial en Trujillo, pero eso sería imposible si es que estuvo trabajando en la corte de Lima Norte durante todo este tiempo.

Villafana ingresó a trabajar a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en 2015 como asistente o secretario judicial, pero Palomino Valencia señala que incluso para ese cargo necesitaba al menos el título.

Por todo lo antes mencionado, la procuraduría del Poder Judicial presentó una denuncia contra la jueza en mención por el presunto delito de usurpación de funciones. También lograron apartarla del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio, y además revocaron la resolución del habeas corpus que dejaba libres a los policías, quienes deberán regresar al penal de Lurigancho.

En paralelo, la OCMA inició una investigación de forma preliminar para esclarecer la designación irregular de la jueza.

Cuarto Poder señala que intentó recoger la versión de Villafana y de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, pero no obtuvieron respuesta.