Lambayeque: jueza y fiscal habrían favorecido a investigado por caso Lozano

Una serie de conversaciones por WhatsApp han puesto en la mira de la justicia a una jueza, una fiscal y un procurador del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) tras las diligencias de deslacrado, visualización y lectura del teléfono celular del empresario Alejandro Criollo Quispe, implicado en la presunta red criminal que habría liderado Anselmo Lozano Centurión.

Las conversaciones, una serie de mensaje entre Criollo Quispe y una persona de confianza, darían cuenta de concertaciones para ser favorecido por autoridades en proceso judiciales, según un documento al que accedió La República. Esto último fue mencionado también el lunes 8 de enero por la fiscal Karim Ninaquispe Gil en el inicio de la audiencia de prisión preventiva contra Lozano y 16 personas más.

Diálogos

En la primera de las conversaciones —que data del 14 de febrero de 2018—, un contacto telefónico de nombre Caján sostiene un diálogo con Alejandro Criollo, donde le señala que había conversado con la fiscal que llevaba el caso de su esposa para ver la mejor salida. Luego, el 15 de marzo, esta misma persona le dice al investigado que la magistrada le había dado el visto bueno a una medida cautelar.

En ese mismo día, Caján le pide a Criollo Quispe que confirme la transferencia de dinero en un banco para poder ir a ver a la fiscal. Dos días después, el 17 de marzo, se lee el siguiente mensaje a Criollo Quispe: “Te estoy llamando (...) para irte a ver. Para que me des e ir a ver al fiscal. Ya quede con él, contéstame”.

Criollo Quispe también protagoniza otra conversación que ha sido documentada por la fiscal Karim Ninaquispe. El 20 de marzo de 2018, Caján le advierte al empresario que había conversado con una jueza para que revise la demanda de un terreno y con la fiscal que lleva el caso de su esposa para que dividan los delitos.

Posteriormente, el 23 de abril de 2018, Caján le indica a Criollo que habían declarado admisible la demanda del terreno y que le daban cinco días para subsanar. “Me dijo la juez que por más que me ha querido ayudar en la revisión de la demanda, se pudo dar cuenta de que la sustentación y los medios de prueba son muy pobres (...) Por eso está pidiendo más documentación”.

Dos semanas después, el 8 de mayo, el hombre de confianza le menciona al empresario que uno de los árbitros le había recomendado hablar con el nuevo procurador regional y que le proponga una conciliación. Dieciséis días después, el 24 de mayo de 2018, aparece el siguiente mensaje enviado al hombre de negocio: “El procurador me citó para la tarde. Y en el juzgado me han pedido que agregue unos papeles, para que el martes a más tardar puedan sacar la resolución del juez”.

A fines de ese mes, el 31 de mayo, aparece otro mensaje de WhatsApp en el teléfono de Criollo Quispe. “Me han enviado esta resolución judicial donde le dan tres días para que suspenda la licitación, y si no cumplen, serán denunciados penalmente. Ya está la resolución. Después de almuerzo, paso por la oficina a recoger el dinero (…)”.

A mediados de 2018, el 18 de junio, el contacto de nombre Caján le comenta a Alejandro Quispe que la Fiscalía había archivado el caso de su esposa, y adjunta una imagen de la disposición.

En otra conversación, entre octubre y diciembre del 2020, la misma persona le precisa al investigado que habían quedado con el procurador para que suspenda el proceso por una semana, porque aún no salía la resolución.

De acuerdo a la teoría de la fiscal Ninaquispe, Alejandro Criollo, entre el 2016 y 2018, habría cancelado coimas por haber sido favorecido con dos obras por la exgestión de Anselmo Lozano.