“Jueces tenemos obligación de atender al litigante en la mañana una hora o en la tarde”

En esta entrevista el presidente de la Corte de Arequipa da luces sobre los puntos que reforzará su gestión. Uno de los grandes retos es agilizar la carga judicial con los medios virtuales.

Planteó la propuesta de crear una comisión para lograr la predictibilidad de las sentencias y reducir la carga procesal, pero este es un planteamiento anterior y hasta el momento no obtuvo consensos.

Se ha creado un aplicativo a nivel nacional y ya estamos publicando el sentido de las decisiones judiciales. Tenemos hasta el 20 de enero para completar y luego se publicará y así las personas se van a enterar.

¿Cómo ayudará esto?

Logrará la predictibilidad. No solo publicaremos el sentido, también la decisión judicial para que las personas sepan cómo piensa el juez en sus sentencias y que cuando vengan casos similares, lo obvio es que sea la misma respuesta. Eso para los litigantes, para nosotros, el registro nos va a servir para darnos cuenta donde hay discrepancia. Si la hay en la misma instancia, tendremos que debatir sobre las posiciones diferentes y en la medida de la posible llegar a un consenso. Si es en diferentes instancias, los jueces nos reuniremos para debatir, consensuar y persuadirnos sobre diferentes decisiones para dar una respuesta uniforme. No solamente para la predictibilidad, sino acelerar los procesos judiciales.

Respecto a los litigantes, ¿quiere decir que, al leer una sentencia de determinado juzgado, tendrían que orientarse y en base a ello, esperar que su fallo sea así?

Exactamente, la respuesta tiene que ser similar. A no ser que en casos concretos haya ciertas particularidades, ahí si nos alejamos de los criterios uniformes.

El Código Procesal Penal se instauró para agilizar los procesos. Sin embargo, hay casos como los del alcalde Candia o el del exfuncionario edil Marcos Hinojosa que han tardado varios años. ¿Qué debe mejorarse?

El Código ha funcionado bien. Hay que diferenciar las etapas. En investigación se demora la Fiscalía y es porque es un Código bastante garantista para investigar mejor, por los plazos. Cuando viene al Poder Judicial hay otro tipo de plazos. En casos puntuales, sí demora bastante, pero en lo general ha funcionado bien. No es culpa del sistema, es culpa de la sobrecarga.

¿Cuál es la carga en la Corte de Arequipa?

223 mil 994 expedientes. Es bastante para los 157 órganos jurisdiccionales. Hay áreas álgidas como los juzgados de paz, o zonas territoriales como El Pedregal que tiene una población importante. Allí el promedio de presentación de escritos es de casi 50 al día y el promedio para que cada secretario judicial resuelva es 13 diarios. Entonces lo demás se va acumulando, necesitamos más órganos jurisdiccionales.

La pandemia ¿cómo afectó el trabajo?

Durante el confinamiento, no hemos recibido expedientes, solo los órganos de emergencia penal. Una vez que se reactivaron las labores, se ha venido un embalse de procesos, se manejó a través de la virtualidad. El área más delicada es lo penal, estamos conectados en tiempo real por internet con el imputado, su abogado, los parientes, jueces y el equipo técnico. Funciona bien, se respetan todas las garantías, el debido proceso, el derecho a la contradicción, la publicidad porque se publica el link y quien quiere apersonarse, lo hace. Excepto los de violencia familiar que son privados (…)

La presidenta del Poder Judicial ha señalado que están en una época de transformación y se apunta a que sea 100% digital.

Hoy tenemos un proyecto en el área Laboral, el expediente judicial electrónico, donde es cero papeles. Todos los escritos son presentados en forma virtual. Esperamos que se masifique a todo el ámbito Laboral.

¿Hay otro proyecto?

Tratamos que todos los servicios judiciales sean por internet, como los antecedentes penales, la atención a los usuarios. Tenemos un aplicativo que se llama el juez te escucha, antes los litigantes venían presencialmente, solicitaban las citas y el juez los atendía. Ahora los atendemos de forma virtual.

¿Cómo puede acceder la población a este servicio?

Las personas entran al aplicativo y se va a calendarizar sus citas. Los jueces tenemos obligación de atender una hora en la mañana, de 8.00 a 9.00 horas y media hora en la tarde.

¿Qué tipo de consultas o reclamos reciben?

La mayoría es por el retraso. Por ello es que nos hemos propuesto que, al 29 de enero, debemos tener un estándar de cuánto es la demora aceptable en la atención de escritos, en todas las áreas. De tal manera que las personas que se comuniquen les vamos a decir, todavía está en el estándar y debe esperar, pero si pasa ese tiempo, ahí sí va a tener que atender el administrador y dar una respuesta más precisa para ver qué ocurre con su expediente.

¿Y cuál ha sido la demora más extensa?

En procesos de desalojo en los que hemos aplicado la oralidad civil, lo hemos hecho en 6 meses. Antes demoraba en primera y segunda instancia de 2 a 3 años. Con la oralidad civil (audiencias), se avanzó.

¿De acuerdo a su evaluación, cuál debería ser el tiempo estándar?

Depende de cada juzgado. En los sitios más álgidos como El Pedregal, demoran 6 meses. Tenemos que disminuir ese tiempo, y ver qué deficiencias hay. Llevaremos un equipo de descarga para que ayude. Es la zona más complicada, junto a los juzgados de paz letrado.

Se crearon nuevos juzgados de violencia familiar, ¿disminuyeron el tiempo de atención?

Con los 15 juzgados, ha bajado la carga. Propondremos un proyecto para el seguimiento de las medidas de protección a las víctimas.

De otro lado, la semana pasada se dictó la sentencia del caso Tía María. Se envió a prisión a tres dirigentes. Un sector de la población percibe esta sentencia como criminalización de la protesta.

Las protestas, reclamos y huelgas son derechos que tiene la población. Pero todo derecho tiene límites y si se trasgreden los de los demás, tienen que sancionarse.

Si hay toma de locales, daños a la propiedad público – privada, toma de carreteras, servicios públicos, tiene que sancionarse. Y es lo que ha ocurrido en este caso, aparte de los delitos concretos. No es el derecho a la protesta lo que se está limitando, sino son los delitos que se cometen al hacer un ejercicio irregular de la protesta.

Pero se ha visto otras protestas, donde también se bloqueó carreteras y no se ha visto penas severas. La población percibe que como en este proceso, hay un ente poderoso que es la minera Southern, se sanciona de esta forma.

Depende de los casos concretos. Porque si se vulneran los servicios públicos, se daña la propiedad pública o privada o a las personas, se tiene que sancionar. Y depende de la Fiscalía, para que el PJ tenga el procedimiento apropiado para pronunciarse.

De otro lado, existe corrupción en el Poder Judicial a nivel nacional ¿Cómo va a plantear su trabajo para prevenir o descubrir los posibles casos de corrupción que podrían presentarse?

Felizmente en Arequipa no hemos tenido casos generalizados de corrupción. Tuvimos el caso del juez de Mariano Melgar, Gino Valdivia. En el 2019, tuvimos un pedido de destitución de un juez, por un tema de demora en los procesos judiciales. De corrupción no hemos tenido casos.

Hay cuatro pedidos en contra de trabajadores judiciales que está haciendo el órgano de control del PJ. De la corrupción menuda que pueda haber, quizás haya, pero a través de acortar plazos, podemos cortar esos espacios para la corrupción.

El tema fuerte es la carga procesal y el retraso en los procesos que es lo cotidiano que percibe la población y obviamente tiene una mala percepción y en eso nos queremos enfocar.

¿A partir de cuándo se verían resultados?

Desde febrero. Los resultados tienen que ser inmediatos.