Chepén: más de 90 personas se hicieron pasar por policías para recibir brevete

Presuntos hechos de irregularidad fueron evidenciados en la Subgerencia de Viabilidad y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chepén, en La Libertad, en cuanto a la emisión de 101 licencias de conducir de vehículos menores (clase B, categoría II-C) para el mismo número de personas, de las cuales solo tres eran policías, pese a que en los expedientes se señalaba que el 100% era parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En dos informes de control específico elaborados por el Órgano de Control Institucional de dicha comuna, n.º 039-2020-2-2951-SCE y n.º 040-2020-2-2951-SCE, se evidenció el incumplimiento del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo 007-2016, donde se establecen los requisitos para la obtención de licencias de conducir por otorgamiento directo, así como la responsabilidad de la comuna en la entrega de licencias clase B.

Asimismo, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del municipio que detalla el proceso que demanda este documento y el pago de derecho ascendente a S/ 56.

Informe 1

En el primer informe, que incluye la revisión de los expedientes documentarios n.º 2409 y 2410, durante el periodo del 25 de febrero al 9 de marzo de 2020, se detectaron irregularidades referentes al incumplimiento de requisitos y el pago del derecho de trámite, que generó un perjuicio económico por S/ 2.352.

Pero, además, el beneficio en el otorgamiento de 42 licencias de conducir a personas no aptas, que indicaron falsamente ser efectivos policiales.

De acuerdo al servicio de control, el 25 de febrero ingresó a la entidad edil un oficio supuestamente emitido por la Comisaría Rural PNP de Pacanga, el cual recibió la denominación de Expediente de trámite documentario n.º 2409, con una imagen de nombre y firma aparente, en vez de la rúbrica de puño y letra o firma digital válida, de la alférez Nayeska Grecia Illanes Linares.

En este folio se solicitaba a la alcaldesa María del Carmen Cubas Cáceres la exoneración del pago de derecho por concepto de tramitación de 21 licencias de conducir de vehículos menores. En él se adjuntaron únicamente copias simples de los carnés de identidad policial (CIP), DNI y dos fotografías tamaño pasaporte de cada uno, en pleno incumplimiento del Reglamento y TUPA.

Igualmente, ocurrió con el Expediente de trámite documentario n.º 2410, el cual habría sido cursado desde el Puesto de Auxilio Rápido Santa Rosa de la Policía Nacional del Perú a la comuna. Llevaba una imagen con el sello de la dependencia, los datos y firma de puño y letra del suboficial superior Hilmer E. Huaylla Plasencia, y se solicitaba la exoneración del pago y trámite de otras 21 licencias, para lo cual se adjuntaron copias simples de CIP, DNI y dos fotos tamaño pasaporte.

Los expedientes llegaron y fueron recibidos por la Subgerencia de Viabilidad y Transporte el 28 de febrero. Fue el titular de dicho despacho, Raziel Hiram Boza Bamberger, quien tomó conocimiento de los folios y derivó al técnico en Tránsito I, Segundo Javier Villoslada Correa, encargado de evaluar los requisitos y emitir los 42 brevetes.

Las licencias del expediente n.º 2409 se emitieron y entregaron el 4 de marzo de 2020; en tanto, las del expediente n.º 2410, entre el 5 y 9 de marzo se emitieron, pero se recogieron todas el 9 de marzo.

La Contraloría General de la República concluyó que los expedientes presentaban inconsistencias e indicios de falsedad, por no contar con las firmas adecuadas y, en el caso del Puesto de Auxilio Rápido, se consignó una cantidad irreal de personal. Se comprobó, también, que los oficios no fueron emitidos por las dependencias y que de la relación de 42 personas ninguna era policía, tal como lo constató el jefe del área de Recursos Humanos de la II Macro Región Policial La Libertad.

Informe 2

En otro momento, del 9 de julio al 11 de agosto de 2020, en los expedientes documentarios n.º 3724 y 4410, se otorgaron 59 licencias bajo las mismas condiciones que las descritas en el informe 1, solo que en este se generó un perjuicio económico de S/ 3.304.

En detalle, se verificó que el 9 de julio ingresó un oficio, que obtuvo la denominación de Expediente de trámite documentario n.º 3724, presuntamente emitido una vez más por el Puesto de Auxilio Rápido Santa Rosa de la PNP. Llevaba una imagen con el sello de la dependencia y los datos del suboficial superior Hilmer E. Huaylla Plasencia y su firma de puño y letra.

Se solicitó la exoneración del pago de derecho y emisión de brevetes para 18 supuestos agentes del orden. Llegó a poder la subgerencia el 13 de julio.

Por otro lado, el 3 de agosto, se conoció de otro documento elevado por el mismo puesto de auxilio: Expediente de trámite documentario n.º 4410, donde se solicitó no cancelar el pago de tramitación y obtención de brevete para otros 41 efectivos. El pedido fue elevado también por el suboficial superior Huaylla Plasencia del Puesto de Auxilio Rápido Santa Rosa, aunque en esta ocasión se consignó una rúbrica distinta a la del expediente n.º 3724.

En este caso específico fue el nuevo subgerente de Viabilidad y Transporte, Delman Jackson Burgos Gómez, quien tomó conocimiento del ingreso de los expedientes a su área, pese a que en primer momento lo habría negado y trasladado la responsabilidad a la secretaria del despacho, Greysi Lizbeth Llanos Becerra, esta tesis fue refutada por ella misma y por un locador de servicios que laboró en la entidad entre julio y agosto.

El locador, identificado Marlon Paul Chávez Pérez, indicó que fue presionado por Burgos Gómez para emitir los 59 brevetes en el menor tiempo posible: lo hizo en un plazo de 3 días calendarios.

En ambos casos fueron adjuntados copias simples de lo carnés de identidad policial (CIP), DNI y dos fotos tamaño pasaporte. Y las licencias fueron entregadas el 22 de julio y 11 de agosto, respectivamente.

Finalmente, de la lista dispuesta para beneficiarse con la entrega, el área de Recursos Humanos de la Macro Región Policial La Libertad, constató que solo 3 de los 59 inscritos eran agentes. Además, Contraloría comprobó que los documentos ingresados desde la dependencia policial en mención eran falsos.

Acciones administrativas y legales

En el informe 1 se recomendó el inicio de acciones en contra del subgerente (de periodo de gestión del 13 de marzo de 2019 al 25 de mayo de 2020) Raziel Hiram Boza Bamberger y el técnico en Tránsito I Segundo Javier Villoslada Correa, por hallárseles presuntas responsabilidades penales y administrativas.

Mientras que, en el informe 2, se emplazó a comenzar acciones legales y administrativas contra Delman Jackson Burgos Burgos Gómez, subgerente de Viabilidad y Transporte desde el 26 de mayo hasta el 31 de agosto de 2020.