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Gobernador de Arequipa insultó a juez que lo destituyó

Elmer Mamani,Deysi Pari,

Gerente del GRA.  Gregorio Palma y asesores explicaron que la sentencia del juez Madariaga sería inconstitucional.
Gerente del GRA. Gregorio Palma y asesores explicaron que la sentencia del juez Madariaga sería inconstitucional.

Postura. Elmer Cáceres Llica llamó chistoso y burro a magistrado Madariaga. Mientras que gerente anunció que lo denunciarán por prevaricato. Consideran que aplicaron mal el artículo 22 del Código Procesal Constitucional

Desde Aplao, en la provincia de Castilla, el gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica respondió con insultos y duros calificativos a la sentencia del juez Luis Madariaga Condori, que dispone su destitución del cargo por no haber implementado los protocolos sanitarios para enfrentar el coronavirus.

Mientras tanto, en Arequipa, el gerente general Gregorio Palma y los asesores de Cáceres se esforzaron en decir que respetaban al magistrado, pero que consideraban que por la transparencia que caracteriza al Poder Judicial, se revertiría esta sentencia.

Por la mañana, Palma calificó la sentencia como nefasta y anunció que no solo presentarían la apelación, sino que procederán a denunciar por el presunto delito de prevaricato al juez Madariaga.

Augusto Palaco Toro, asesor y gerente de Promoción de la Inversión Privada, señaló que también pondrán el caso en conocimiento de la Odecma.

Enseguida fundamentó que el magistrado Madariaga hizo una errónea aplicación del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, que señala que se puede requerir a las autoridades, bajo apercibimiento de destitución. Según Palaco, hay comunicados del Jurado Nacional de Elecciones que aclaran que este artículo solo es aplicable a autoridades por designación y no a autoridades de elección popular.

Insultos en Aplao

El gobernador llegó hasta Aplao (Castilla) para presentar la maqueta del futuro mercado de la localidad por más de 8 millones de soles y le llovieron críticas. Comerciantes del mismo emporio comercial le reclamaban por la planta de oxígeno para los pacientes con coronavirus, que prometió. “Nos tiene de 15 en 15 días”, señalaron.

Cáceres se excusó con que había observaciones al proyecto y que en dos meses se instalaría la planta. Esto encendió más los reclamos. Precisamente por inacciones para dar cara al COVID-19, la autoridad fue destituida. El gobernador calificó la medida de un golpe a la democracia, además de inconstitucional e ilegal. “Resulta que ahora los jueces sacan gobernadores, alcaldes y hasta presidentes. ¡Dónde se ha visto eso! (...) Las resoluciones del JNE (Jurado Nacional de Elecciones) en materia regional no son revisables en sede judicial”, resaltó.

Cáceres Llica prefirió el insulto en vez de los argumentos. Llamó “chistoso”, “burro” y hasta deslizó que el magistrado actuó motivado por otros intereses. “¿Quién le paga a este juez? Esta sentencia no tiene validez a nivel nacional (...) La voz del pueblo se respeta. Señor presidente de la Corte de Justicia por favor llame la atención y jale las orejas a ese juez burro que hace quedar mal a los jueces del país”, indicó.

En la ceremonia de inicio de obra para la construcción de canales y bocatomas del sector Ongoro (Castilla), por enésima vez deslizó que su oposición al proyecto minero de Tía María sería la causa del ensañamiento contra su persona. “Desde que estoy en contra ha sucedido esto. Tendrán que matarme para que se dé la licencia”, declaró.

Sobre los argumentos de fondo que usó el magistrado para destituirlo, Cáceres indicó que invirtieron 60 millones de soles y que son la segunda región con más camas UCI y de hospitalización. “Hay un mea culpa. Hemos hecho todo lo posible, obviamente que se nos ha escapado algunos temas”, indicó.

Pese a ellos contestó que no fue un error intervenir el hospital COVID-19 Honorio Delgado en plena pandemia y que costó varias vidas de pacientes que fallecieron esperando una cama de hospitalización. “Reconozco que siguen las obras. Lo mejor ha sido intervenir”, resaltó.

Según versión de Cáceres la medida judicial causó que la empresa interesada en culminar la carretera del proyecto vial Arequipa La Joya se retirara por “una inestabilidad política desatada por el magistrado”. “Es lamentable, hemos perdido 500 millones por la chistosada de este juez y eso no perjudica a Cáceres perjudica a Arequipa”, declaró.