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Exigen que debate del TC sobre esterilizaciones forzadas sea público

Víctimas y colectivos solicitan seguir la sesión para conocer la ponencia y argumentos de los magistrados.

La mayoría de denunciantes son mujeres indígenas andinas y amazónicas, campesinas y de zonas urbano populares en situación de pobreza que esperan justicia por más de dos décadas. Foto: La República
La mayoría de denunciantes son mujeres indígenas andinas y amazónicas, campesinas y de zonas urbano populares en situación de pobreza que esperan justicia por más de dos décadas. Foto: La República
Sociedad LR

El martes 27 de octubre, el pleno del Tribunal Constitucional podría resolver el caso de las esterilizaciones forzadas en nuestro país, perpetradas en el gobierno de Alberto Fujimori. En tal sentido, las víctimas piden que la sesión sea de carácter público.

El magistrado Manuel Miranda tendrá a su cargo la ponencia sobre el recurso de amparo presentado por Marino Costa Bauer, exministro de Salud del Gobierno de Alberto Fujimori, para que se archive el caso.

La Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (AVEF) de Lima y Callao y el movimiento Somos 2074 y muchas más exigen que el debate sea público para poder escuchar los argumentos de los miembros del órgano constitucional.

“Las víctimas y colectivos quieren conocer la sustentación del Manuel Miranda, saber cuál es el debate y los votos de los magistrados Ledesma, Ferrero, Blume, Ramos, Sardón y Espinosa-Saldaña”, señalan en un pronunciamiento.

Una de las razones para hacer el pedido es que el TC admitió que DEMUS sea parte del juicio debido a que la organización asumió la defensa de las familias de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, dos de los casos más emblemáticos.

Programan audiencia

Por otro lado, se supo que el Poder Judicial programó una nueva fecha para que la Fiscalía sustente la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y otros por el caso de esterilizaciones forzadas.

La audiencia se llevará cabo el 11 de enero del 2021 a las 9.30 a. m. Antes, la fiscal Edith Chamorro solicitó la reprogramación para el 20 de marzo pasado, pero fue suspendida por la pandemia.

En este caso, son 1.300 denunciantes, en su mayoría mujeres indígenas andinas y amazónicas, campesinas y de zonas urbano populares en situación de pobreza que esperan justicia por más de dos décadas.