Clanes familiares de policías implicados en compras digitadas

Responsable. El general Héctor Petit sostuvo reunión en despacho con los proveedores seleccionados.

Sospechas fundadas. El fiscal especializado en corrupción de funcionarios Reynaldo Abia Arrieta lideró megaoperativo a las viviendas del general Héctor Petit y otros 6 oficiales relacionados con adquisiciones que beneficiaron indebidamente a empresas relacionadas con efectivos de la propia Policía Nacional.

Doris Aguirre
18 Jul 2020 | 11:06 h

Especiales La República | Poco antes de aprobar la compra de 2,7 millones de soles en mascarillas, guantes y alcohol a la empresa Nieva Trading, el general PNP Héctor Petit Amésquita se reunió con los propietarios y representantes de esta compañía en el interior de su despacho, en el complejo policial Los Cibeles, en el Rímac. El fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios que investiga el caso, Reynaldo Abia Arrieta, descubrió el sospechoso encuentro secreto en el cuaderno de visitas de la Dirección de Logística de la Policía Nacional, entidad que procedió a la contratación de Nieva Trading.

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En su calidad de director de Administración de la Policía Nacional, y titular del presupuesto asignado para la compra de implementos de seguridad sanitaria destinada a los efectivos policiales, el general Petit se reunió en su oficina con el gerente de Nieva Trading, Joel Nieva Raymundo, el padre de este, Hernán Nieva Caparachín, y Norma Ayala Ñiquén. ¿Qué hacía Norma Ayala en la reunión con el general Petit? Ella también es proveedora de la Policía Nacional y mantiene una relación sentimental con el coronel PNP Edward Zorrilla Acuña. Este vínculo es muy importante.

El coronel Edward Zorrilla es hermano de María Zorrilla Acuña, otra proveedora de la institución policial, y cuñado del comandante PNP José Pérez Cumpa, ya que está casado con María Zorrilla Acuña, quien también contrata con la Policía. Pero los vínculos no terminan aquí.

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El 6 de abril de este año, agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin) filmaron al comandante José Pérez Cumpa cuando descargaba productos que había vendido la empresaria Jennifer Buitrón Guevara. El fiscal Reynaldo Abia así pudo enterarse de que Buitrón, que vendió productos sanitarios por más de 1 millón y medio de soles al general Héctor Petit, en realidad era solo una pantalla de la empresaria María Zorrilla Acuña.

Cuando el Ejecutivo transfirió fondos a la Policía Nacional para la compra de implementos que requerían los efectivos para su protección ante la pandemia del nuevo coronavirus, autorizó que las adquisiciones se hicieran de manera directa, sin licitación, para responder con rapidez a la situación de emergencia. De esta situación se aprovecharon oficiales de la Policía Nacional relacionados con empresas proveedoras, a las que asignaron millonarias contrataciones, sin importar la calidad del producto.

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"Han actuado como clanes familiares. Los efectivos encargados de las compras no buscaron los mejores precios ni los mejores productos en el mercado, como correspondía. Lo que hicieron fue contratar a las empresas de sus familiares. Es una práctica que no es de ahora, lo han hecho antes", explicaron fuentes del despacho del fiscal Reynaldo Abia.

Lazos de sangre

Desde las primeras horas del viernes último, bajo la conducción del fiscal Abia, se desplegó un megaoperativo que alcanzó a la residencia del general PNP Héctor Petit Amésquita y a las viviendas de otros 6 oficiales de la Dirección de Administración de Logística de la Policía Nacional, que participaron en las contrataciones sospechosas. También fueron intervenidos los domicilios de 20 propietarios y ejecutivos de las compañías proveedoras implicadas y de otros 6 empleados de las mismas.

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Conforme a fuentes del fiscal Abia, los contratos supuestamente direccionados en beneficio de empresas relacionadas a oficiales de la Policía Nacional superan los 15 millones de soles.

"Esto explica por qué la Dirección de Logística compró equipos de protección sanitaria y alimentos a empresas que son de otro rubro, como repuestos y llantas. Escogieron este tipo de proveedores porque existen vínculos entre estos y los oficiales de la Policía que hicieron las contrataciones", indicaron las fuentes.

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La intervención fiscal abarcó a las empresas Emotion Group, Nieva Trading y D'Java Negocios, además de la empresaria Jennifer Buitrón Guevara, que vendía como persona natural, pero que tras de ella estaban otras proveedoras.

Un contingente de la Policía sorprendió al general PNP Héctor Petit en su domicilio de la urbanización Los Álamos de Monterrico, en Surco. El alto oficial estaba en pijama junto a su familia en su exclusivo departamento. No opuso resistencia y facilitó el ingreso de las autoridades.

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Seguidamente, otro grupo de fiscales, en coordinación con agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dicocor) de la Policía Nacional, allanó las viviendas de los exjefes de la Dirección de Logística que participaron en las contrataciones sospechosas, el coronel PNP Freddy del Carpio León, en San Martín de Porres; y del comandante PNP Godofredo Pérez Diaz, en el distrito de Chorrillos.

En busca de pruebas

Como parte de las pesquisas del fiscal reynaldo Abia, también fueron intervenidos los inmuebles del comandante PNP Luis Francia Manco, exjefe de Asesoría de la Dirección de Administración; el mayor PNP Guillermo Vásquez Cueto, exjefe de la Sección de Contrataciones del Departamento de Abastecimiento; y de la ex jefa del Almacén la mayor PNP Antonieta Montoya Díaz.

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Fueron parte del mismo procedimiento los domicilios del exjefe del Área de Actos Preparatorios capitán PNP Juan Olórtegui Sánchez, así como de los analistas Martín Gonzáles Villalobos y Henry Pulido Quedo.

"En todos los casos el propósito de las incursiones domiciliarias fue la búsqueda de documentación incriminatoria, tanto física como archivada en memorias de computadora. Por eso, no solo se ha intervenido con autorización judicial las viviendas de los efectivos policiales, sino también de los propietarios o ejecutivos de las proveedoras", detallaron las fuentes relacionadas con la investigación fiscal.

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En efecto, el equipo de fiscales irrumpió en los domicilios de la gerente general de la compañía Emotion Group, Cindy Tupac Yupanqui; de los dueños de Nieva Trading, Hernán Nieva Caparachín y su hijo Joel Nieva Raymundo; así como de las empresarias Jennifer Buitrón Guevara, María Zorrilla Acuña y Norma Ayala Ñiquén; entre otras. Hernán y Joel Nieva, y Norma Ayala, fueron los que sostuvieron un encuentro con el general Héctor Petit.

De acuerdo con las tesis del fiscal Reynaldo Abia, tanto el general Héctor Petit, como los oficiales de la Dirección de Logística bajo su mando, se coludieron con empresas con las que tenían relaciones familiares o de cercanía. Por este tipo de vínculos contrataron a la compañía Emotion Group por 10 millones de soles para la provisión de equipos de bioseguridad y ranchos fríos para el personal policial. No les importó que esta empresa se dedicaba a la venta de llantas.

“El general colabora con las investigaciones”

El abogado del general Héctor Petit, José Santiváñez Antúnez, cuestionó el allanamiento fiscal a la residencia de su defendido. “Esto es un hecho arbitrario, debido a que el general Petit nunca tuvo la categoría de investigado sino de testigo”, dijo el letrado.

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El general Héctor Petit fue apartado del cargo de director de Administración de la PNP, pero continúa en funciones. “Siempre colaboró con las investigaciones e incluso exigió al fiscal Reynaldo Abia para una entrevista presencial para adjuntar documentos que acrediten su inocencia”, explicó José Santiváñez.

El abogado basa su defensa, además, en que en el caso de la contratación de la empresa Emotion Group no se le pagó nada.

“El general se va a someter a todas las investigaciones porque no tiene nada que ocultar, solo pide que su caso sea investigado dentro de un debido proceso”, manifestó el abogado Santiváñez.

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