Presos por deuda alimentaria podrían cumplir arresto domiciliario para reducir contagios de COVID-19

El Decreto Supremo publicado en el Diario El Peruano, establece la posibilidad de que los condenados por el delito de omisión de asistencia familiar o deuda alimentaria puedan optar por una pena alternativa; es decir, arresto domiciliario, a fin de reducir el hacinamiento en los penales y evitar los contagios por coronavirus.

Esta modificación se aplica en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo; sin embargo, el preso deberá cumplir con el pago total de la deuda y la reparación civil para solicitar el cambio de pena privativa a alternativa. Esto deberá ser certificado para presentar ante el Juez.

Además, dichos cambios serán autorizados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dentro del plazo del estado de emergencia por COVID-19. Esta norma solo será para las personas con deudas alimentarias que se hayan presentado ante las autoridades hasta la fecha.

Según cifras del INPE, en marzo de 2020, existían 40.339 unidades de centros penitenciarios mientras que la población de presos asciende a 97.643, lo cual representa un 142 % de hacinamiento.

También, hasta el momento, solo se han realizado 92 resoluciones judiciales acerca del cambio de penas privativas a alternativas, de un total de 2.250 condenados potencialmente beneficiarios. Por otro lado, en el marco de la emergencia sanitaria, a los internos con dicha pena no se les exigirá la declaración jurada señalando su residencia habitual.

Días previos, el Ministerio de Justicia y el jefe del INPE señalaban las nuevas disposiciones para frenar el avance de la COVID-19 dentro de las cárceles; entre ellas, suspensión de visitas de familiares, mecanismo nuevo para ingreso de paquetes u alimentos, mejorar la ración alimentaria, mayor seguridad de las FF. AA. y la Policía.