Reos venderían droga en el penal de Chiclayo en complicidad con agentes
Ilícitos. Delincuentes se encargarían de distribuir marihuana y PBC en pabellones de centro penitenciario. Internos contarían con presunta participación de malos agentes y servidores del INPE.
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Lambayeque. Pese a las severas condenas dictadas contra personas que intentaron ingresar droga en el centro penitenciario de Chiclayo, se conoció que peligrosos delincuentes controlan la comercialización de pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana. En algunos casos, en complicidad con malos agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Ayer, el Poder Judicial sentenció a 21 años, 5 meses y 4 días de prisión a Jhonny Herrera La Rosa (25), por el delito de favorecimiento al consumo de drogas tóxicas mediante actos de tráfico. Según la Fiscalía, Herrera y el interno Gustavo Dávila Villalobos coordinaron para ingresar marihuana camuflada en papas al penal de Chiclayo, valiéndose de otras tres personas, entre ellas su pareja Ana Requejo Torres, quien fue sentenciada a 18 años y 4 meses de cárcel por el mismo delito. Esta última sentencia fue emitida en mayo de 2017.
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Fuentes de la Fiscalía señalaron que a raíz de estos casos se manejaría la hipótesis de que peligros delincuentes se encargarían de distribuir la ilícita mercancía en los diversos pabellones del Régimen Cerrado Ordinario y el Régimen Cerrado Especial.
Según indican, los abastecedores de PBC y marihuana en el interior del penal contarían con el apoyo de algunos agentes de INPE, incluso con integrantes de la administración actual. Esta situación, por ejemplo, se llegaría a concretar cuando los agentes del INPE no siguen los protocolos de revisión a las personas que visitan el penal, y que trasladan la ilegal mercancía.
Del mismo modo, los informantes mencionaron que las sustancias ilícitas serían distribuidas desde las improvisadas tiendas que se han instalado en el interior del penal de Chiclayo, y de esta forma logran ocultar la mercancía de determinadas requisas.
Agregaron que estas acciones ilícitas se incrementan con las deficientes medidas de seguridad, pues no evitan que los reclusos puedan acceder a equipos y sustancias ilícitas, además del exceso de más de 4,000 presos que alberga el recinto.
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