Exigen a Fiscalía investigar denuncia por el proyecto Olmos que data de 2016
Denuncia. Enrique Parodi enfatiza que el Ministerio Público debe prestar atención a los hechos respecto a las concesiones por el trasvase y las obras de irrigación firmadas en la gestión de Simon.
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En el 2009, la sociedad civil lambayecana alertó sobre las presuntas irregularidades en el proyecto Olmos, incluso una denuncia fue interpuesta en la Fiscalía Penal de Chiclayo, la misma que fue archivada.
Siete años después, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción reactivó el caso por las concesiones para el trasvase Olmos y las obras de irrigación al estallar la Operación Lava Jato, sostiene Enrique Parodi Olivera, quien es uno de los denunciantes, y que a su vez cuestiona el actuar del Ministerio Público por no acelerar el proceso investigativo, en razón de que a la fecha se desconoce su avance.
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Parodi afirma que la fiscal Magaly Quiroz actuó con celeridad ante los pagos que se habrían realizado al “codinome Charlie”, a diferencia de los hechos denunciados y consignados en la carpeta fiscal n.º 310-2016, la que —dijo— es su responsabilidad desde el 2016, luego de la inhibición de su par Ana Zegarra.
La Disposición n.º 9 del 28 de agosto de 2017 respecto a la acumulación de las carpetas fiscales 310 y 215, son las últimas acciones que se conocen, afirma Parodi.
“Son casi dos años y la parte denunciante no sabe cuál fue el destino del caso. Creo que es una burla al pueblo lambayecano. Se actúa por presuntas coimas por montos ínfimos y no por hechos graves en las concesiones”, expresa.
Es por eso que considera oportuno que el Ministerio Público rinda explicaciones sobre el caso.
Hechos
Según Parodi, los hechos se registraron durante la gestión del ex presidente regional de Lambayeque Yehude Simon, quien fue denunciado conjuntamente con el entonces presidente del Comité Especial de Promoción de la Inversión (Cepri), Enrique Salazar, entre otros.
“Los presuntos actos ilícitos se dieron desde la concesión”, enfatizó y agregó que a la concesionaria CTO se canceló 220 millones de dólares por las obras del trasvase cuando debió ser 146 millones de dólares.
En tanto por las obras de irrigación se pagó 222 millones de dólares a la concesionaria H2Olmos, pero el monto debió ser 141 millones de dólares.
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