Cuestionamiento. Colectivo solicita retiro de parlamentaria de grupo investigador, porque no sería imparcial al investigar lo que pasó durante el periodo del expresidente regional Juan Manuel Guillén, pues trabajó para dicha gestión.,La congresista fujimorista Alejandra Aramayo Gaona tendría un conflicto de intereses como integrante de la comisión investigadora del proyecto Majes Siguas II. Así lo considera el colectivo Perú Transparente y, por ello, solicitó al Congreso el retiro de la parlamentaria fujimorista del grupo de trabajo, además de su inhabilitación por 120 días. La Comisión Majes Siguas II es un grupo parlamentario que investigará todos los actos administrativos del proyecto de irrigación de 38 500 hectáreas, sucedidos desde 2013, bajo las gestiones regionales de Juan Manuel Guillén Benavides y Yamila Osorio Delgado. PUEDES VER: Arequipeños rechazan la guerra sucia en la segunda vuelta regional Para el colectivo, Aramayo no tendría imparcialidad en las indagaciones, porque trabajó para el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el proyecto Majes Siguas II durante el periodo de Juan Manuel Guillén Benavides, entre los años 2008 y 2011. En ese tramo, se aprobó el nuevo esquema financiero del proyecto (10 de junio del 2010), así como el modelo de contrato de concesión de Majes (19 de agosto del 2010). Los roles de Aramayo fueron como asesora del GRA entre los años 2008 y 2010, bajo la gestión de Juan Manuel Guillén Benavides. En 2011, la ahora congresista de Fuerza Popular prestó servicios profesionales para el proyecto Majes Siguas II, bajo un contrato firmado con Autodema (ente del GRA encargado de gestionar el proyecto Majes). En este último trabajo, se contrató a Aramayo para elaborar una campaña comunicativa de sensibilización en favor del proyecto Majes Siguas II. El contrato señala que la legisladora cobró S/ 10 500. Su función era elaborar campañas de sensibilización en las ciudades de Arequipa, Cusco y Lima. El colectivo Perú Transparencia elevó su oficio con los cuestionamientos al Comité de Ética Parlamentaria del Congreso el 19 de noviembre. Señala que Alejandra Aramayo habría infringido el Código de Ética Parlamentaria, porque no informó sobre su anterior relación laboral con el GRA y Autodema. Citan el artículo 4 del Código de Ética, que indica que los congresistas deben hacer pública la existencia de cualquier vínculo con los temas de investigación o proyectos de ley. El colectivo también le atribuye infracciones al Código de Ética de la Función Pública. REACCIONES Dos integrantes del grupo de trabajo, Justiniano Apaza y Sergio Dávila, señalan que nunca conocieron de los vínculos laborales de Aramayo con la Región y el proyecto Majes Siguas II. Ella nunca lo informó, dicen. PUEDES VER: Becerra quitará su apellido a menor de 4 meses que habría sido comprada Para Sergio Dávila, la congresista deberá responder ante el grupo de trabajo: "Habría que ver si se contraponen los intereses. Si ha sido juez y parte, sería un poco contraproducente". Agregó que mañana, en reunión de trabajo, pedirá la versión de su colega. "Puede haber un conflicto de intereses, pero la denuncia tiene que ser fundamentada. Habrá que investigar", dijo Justiniano Apaza, aunque descartó que la posible falta amerite una sanción de suspensión. La República se comunicó con Aramayo; empero, la legisladora indicó que no iba a pronunciarse. Comisión busca irregularidades en proyecto La creación de la Comisión Investigadora Majes Siguas II se aprobó en abril por una moción del congresista Justiniano Apaza, luego que se revelaran presuntas irregularidades en Autodema. El grupo de trabajo se instaló el 17 de septiembre, desde entonces tiene 180 días para investigar los actos administrativos realizados en torno a Majes Siguas II. El proyecto actualmente está paralizado, pues la concesionaria, la empresa española Cobra, pide una modificación en el sistema de riego (tuberías en lugar de canales), que tendría que asumir el Estado por un valor de más de 100 millones de dólares. Dicha modificación está contenida en la Adenda 13. El Ministerio de Economía y Finanzas, y Contraloría deben emitir opinión sobre si modificar el contrato es conveniente.
