La Centralita: Fiscalía pide 30 años de cárcel contra César Álvarez

Formulan acusación contra otras 59 personas, entre ellas Martín Belaúnde, para quien se ha solicitado 20 años de prisión.

22 Feb 2018 | 19:20 h

El fiscal Elmer Chirre Castillo del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentó ante el Poder Judicial su requerimiento acusatorio contra César Álvarez Aguilar y otros 59 investigados por sonado caso La Centralita.

Contra el encarcelado expresidente regional de Áncash ha solicitado 30 años de cárcel ante la jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, María de los Ángeles Álvarez Camacho, por los presuntos delitos de colusión, peculado, asociación ilícita para delinquir, violencia y resistencia a la autoridad, y lavado de activos.

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En esta larga lista de acusados figura la esposa de Álvarez, Milagros Asián Barahona, quien se encuentra prófuga de la justicia.

También ha sido incluido Martín Belaúnde Lossio, examigo de la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, presos también como él. En contra del empresario pidió 20 años de cárcel.

La acusación fiscal consta de seis mil folios, en los cuales se ha incluido al encarcelado exalcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, para quien el fiscal Chirre ha pedido 25 años de cárcel efectiva.

Los excongresistas Heriberto Benites Reyes y Víctor Crisólogo Espejo figuran también en la lista de acusados. Ambos fueron muy cercanos a César Álvarez Aguilar y según la fiscalía deberán ser condenados ejemplarmente.

Otro incluido en la acusación es Juan Calderón Altamirano, precandidato al gobierno regional por el partido Restauración Nacional.

Se conoció también que fueron excluidas 20 personas para quienes no se le halló pruebas que evidencien la comisión de delitos.

Cabe indicar que la acusación del Ministerio Público consta de más de seis mil folios y la carpeta fiscal en general de 380 mil folios.

El fiscal Chirre ha consignado a Odebrecht como persona jurídica. Ha presentado cargos en contra de dos personas vinculadas a esta empresa brasileña; se trata de Ricardo Antonio Paredes Reyes y el brasileño Eleuberto Antonio Martorelli. Ambos acusados del delito de lavado de activos.

A César Álvarez se le acusa presuntamente de haber dirigido desde el Gobierno Regional de Áncash un aparato político, social y de prensa (desde un local llamado La Centralita) un grupo de personas, entre policías, fiscales, jueces, periodistas, políticos y dirigentes gremiales para defenderlo, subvencionado supuestamente con dinero procedente de los diezmos de las obras que se ejecutaron durante su gestión.

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