El desafío alimentario y climático, por Beatríz Salazar

En la actual coyuntura de crisis climática y alimentaria, el Gobierno debería rendir cuentas sobre los avances de su gestión, comenzando con el cumplimiento de su política general de Gobierno. Todos los sectores del Ejecutivo debieron adaptar sus planes a esta política general. El Midagri —que tiene competencias para enfrentar esta crisis— modificó su Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2027. Este plan da una idea de los compromisos del Gobierno y una base para medir su cumplimiento.

Una primera observación es la poca ambición frente a las necesidades. El objetivo 2  es “Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios” y, al 2023, se espera lograr “286 hectáreas agropecuarias y forestales acondicionadas con prácticas de manejo y conservación de suelos, y para el 2027 se espera alcanzar 17.370 hectáreas”.

Pero se necesita recuperar 8,2 millones de hectáreas de paisajes degradados identificados por Serfor. Aun estas metas insuficientes podrían incumplirse, pues los estudios y las actividades programadas solo cuentan con financiamiento parcial, según el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2023 del Midagri.

PUEDES VER: “El Niño”: necesidad de fortalecer a municipios, por Verónica Sifuentes

El objetivo número 3 es “Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios” y, para el 2023, se espera lograr “13.391 hectáreas agrícolas bajo riego con infraestructura atendidas por el Midagri”. La meta para el 2027 es alcanzar las 47.569 hectáreas. Estas metas son ínfimas ante la brecha por cubrir, que alcanza 4.296.380  de hectáreas sin riego.

El objetivo 4 es “Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias”. Para el 2023, la meta es “5,50% de hectáreas de uso agrario protegidas ante fenómenos naturales y de cambio climático” y al 2027 se espera alcanzar 5,60% de hectáreas protegidas.

Otra vez, esta meta es ínfima ante los 3,6 millones de hectáreas agrícolas en peligro por bajas temperaturas, 262.469 hectáreas en riesgo por movimientos en masa y 365.753 hectáreas en peligro por inundaciones. Y esta meta podría incumplirse por demoras en la descolmatación y defensas ribereñas, por falta de presupuesto para contratar el personal necesario, según el citado reporte del Midagri.

El Estado no está tomando en serio la amenaza del cambio climático y la crisis alimentaria, y se compromete a metas muy poco ambiciosas, pese a que ya empieza a vislumbrarse un futuro con eventos extremos más intensos y frecuentes, mayor irregularidad hídrica e incertidumbre sobre las afectaciones a la producción agraria. Es esencial prepararnos con políticas y planes que prioricen la inversión en adaptación y los esfuerzos por avanzar hacia una agricultura más sostenible que pueda enfrentar estas amenazas.