Abrir el diálogo constituyente, por Paul E. Maquet

Como bien ha titulado La República ayer, este Congreso está tomando atribuciones de una asamblea constituyente de facto. La comisión presidida por Patricia Juárez pretende modificar decenas de artículos de la Constitución del 93. Los cambios incluyen no solo la bicameralidad rechazada en el referéndum del 2018 por casi 14 millones de votos, sino disposiciones sobre los organismos electorales, la Contraloría, el BCR y la Superintendencia de Banca y Seguros.

Lo curioso es que los partidos que hacen cuestión de Estado para que no se toque la sacrosanta Constitución fujimorista son los mismos que pretenden aprobar al caballazo y sin mayor debate público un conjunto de reformas que rompen su diseño institucional y el equilibrio de poderes, convirtiendo al Congreso en una especie de “superpoder”.

Es inaceptable. El Congreso tiene atribuciones para hacer reformas constitucionales, pero no puede arrogarse el poder constituyente y modificar de forma radical la carta magna. Más aún sin un amplio debate público al respecto.

Justo eso es lo que permitiría un proceso constituyente (como el que reclama el 47% de la ciudadanía, según la reciente encuesta del IEP). Los congresistas, que quieren cambiar 53 artículos —¡la cuarta parte del total!—, parecen pensar que la Constitución necesita cambios mayúsculos y no pequeños ajustes. De acuerdo, entonces hagámoslo bien: abramos un proceso transparente para discutir democráticamente qué cambios queremos los peruanos y las peruanas.

Sobre la base del Acuerdo Nacional se puede convocar un proceso público, con plazos definidos, para un diálogo de esa naturaleza, descentralizado, con cabildos abiertos con participación de los diversos sectores sociales y pueblos indígenas, recogiendo propuestas ciudadanas por las redes sociales, hasta alcanzar una ruta de cambio constitucional altamente legítima. Y no un contrabando cortoplacista.