Irma Del Águila

Irma Del Águila

Por ahí
Socióloga y narradora. Exdirectora académica del programa “Pueblos Indígenas y Globalización” del SIT. Observadora de derechos humanos por la OEA-ONU en Haití. Observadora electoral por la OEA en Haití, veedora del Plebiscito por la Paz en Colombia. III Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro por “El hombre que hablaba del cielo”.

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“Incapacidad moral” quería decir “demencia”

“Llevar una ‘conducta inmoral’ es algo que da para un sinfín de interpretaciones éticas y religiosas”.

La figura de la “incapacidad moral permanente” es hoy en día un conejo que se saca de la chistera. Nadie sabe muy bien de qué va el término, pues no alude a hechos “claramente determinados”, como anotaba la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, en noviembre del 2020.

Del sombrero de mago puede salir un conejo o, en realidad, cualquier cosa. ¿Qué significa “incapacidad moral”? Es un término que ha ido cambiando con los siglos. Cuando la Constitución de 1839 introduce por primera vez la causal de vacancia presidencial por “perpetua imposibilidad física o moral”, aludía a algo bien distinto al sentido que tiene hoy.

Veamos, en el s. XIX la “moral” se asociaba a salud mental. Para la psiquiatría eran las dos caras de Jano: una persona de vida moralmente “reprobable” (p. ej., un hombre que cometía estupro o era homosexual, una mujer infiel o que abandonaba a sus hijos) era aquella que, sin asomo de duda, arrastraba patologías psíquicas. Así, las conductas reprobables de la época eran patologizadas.

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El psiquiatra Kraff-Ebing, autor del ensayo “Psychopathia sexualis” (1886), señalaba que la “incapacidad moral”, también llamada “daltonismo moral”, aquejaba a individuos que habían perdido la aptitud de discernir lo “bueno” de lo “malo”, los actos “puros” de los “aberrantes”. Entonces, cuando alguien en el s. XIX decía que una persona sufría de “incapacidad moral” permanente, quería decir que estaba mentalmente alienada.

Volviendo a la Constitución de 1839, se vacaba a un presidente que estaba probadamente incapacitado, física o mentalmente. Se trataba, en ambos casos, de males que debían ser diagnosticados por médicos legistas, dentro de los parámetros de las ciencias de la salud de la época.

Paradójicamente, en el s. XXI, cuando se ha perdido la memoria del sentido primigenio de “incapacidad moral” y se ha pasado de señalar un estado de “demencia” a otro de “inmoralidad” en un sentido amplísimo, es cuando más uso político se le quiere dar. Llevar una “conducta “inmoral” es algo que da para un sinfín de interpretaciones éticas y religiosas: es pues una figura vacía, que en casi doscientos años no ha sido tipificada por ley.

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¿Cómo ha sobrevivido un término oscuro y travestido tantas veces con el correr de los siglos? Justamente por eso, por su carácter indeterminado que le otorga al Congreso un alto grado de “discresionalidad” para vacar a un presidente. Es el sombrero de mago que no quieren dejar. El ministro Aníbal Torres presentó hace unos días un proyecto de ley al Congreso que delimitaba la figura de forma positiva, por “incapacidad física y mental”. Previsiblemente, fue rechazado por la mayoría.

Que el Congreso pueda vacar a un presidente a simple mano alzada y por hechos “morales” que ni siquiera sean materia de acusación fiscal le otorga un poder arbitrario, el pulgar de los emperadores romanos, que va contra cualquier principio del derecho moderno. El primero, el derecho a la defensa. Urge acabar con esta figura chanchullera, ad hominem.