El dinero público para fin privado
El financiamiento público para los partidos políticos.
Se ha criticado gastos como consultorías sobre seguridad, servicios públicos o informalidad; cursos de capacitación a militantes; o medios de comunicación para difundir ideas políticas.
Como quiera que las personas asignadas para cumplir esas tareas o para ser adiestrados es gente vinculada a los partidos, se podría concluir que se trataría de favores políticos, y sin descartar que eso podría, en efecto, estar ocurriendo, tampoco se puede concluir que necesariamente sea así.
El problema de fondo es que, más allá de precisar que la mitad de los recursos entregados se deben destinar a gasto ordinarios y la otra mitad a gasto que tiene que ver con capacitación, investigación e información, la normatividad vigente no tiene mayor precisión sobre rubros precisos autorizados.
Por tanto, más allá de asuntos de transparencia personal de quienes prestan los servicios, o reciben la capacitación, no parece haber delitos en las informaciones difundidas, lo cual sería bueno que hubiera sido desarrollado por los programas periodísticos, y precisado por las autoridades que entregaron la información o comentaron sobre estos hechos en los reportajes.
También puede ser que los propios partidos, siempre interesados en no ser transparentes, no quieran que la normatividad sea precisa, ni darle facultades a la ONPE para realizar una supervisión a fondo, con dientes, de los recursos que reciben los partidos.
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La ONPE estima que entre 2022 y 2027 el financiamiento a los partidos políticos alcanzará a S/ 77 millones, los cuales se distribuirán, según la legislación vigente, en 40% a todas las agrupaciones por igual, y 60% en proporción a los votos obtenidos en las elecciones.
Se trata de recursos relevantes no solo por el monto sino porque el financiamiento público de los partidos es un gran avance en el proceso indispensable de mejorar la transparencia de la política, por lo que se debería ser muy responsable en su aplicación, tanto por parte de las organizaciones que reciben los recursos, como de las autoridades que deben legislar sobre su uso, y supervisar su correcta aplicación.
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