¿Políticos perseguidos?

Considerarse víctima de persecución es un clásico de la política peruana. La idea es convertir una investigación en una conspiración. Con ello se busca descartar las acusaciones, descalificar al sistema judicial, y de paso a los rivales políticos. Casi no hay político en problemas que no haya utilizado la fórmula, aun si rara vez funciona.

Suele haber en el argumento una tácita, en el sentido de disimulada, manera de ubicarse por encima de la acción de la justicia en virtud de una prominencia política personal. En efecto a menudo, y entre los partidarios en todos los casos, hay una tendencia a pasar por alto las culpas de los políticamente poderosos.

El recurso no es transitivo, pues casi nunca hemos escuchado a alguien calificar como persecución política los problemas legales del bando contrario. Cuando el problema está al frente, más bien es visto como una justificada iniciativa contra la corrupción. El público imparcial no hace caso a este tipo de doble moral, y más bien espera los datos.

Sin embargo, el interés de fiscales y jueces por figuras políticas sin duda tiene efectos en la situación de los políticos afectados. Lo cual no significa que su actuación necesariamente tenga un origen político. Lo que atrae la mirada y la acción de la justicia en primer lugar es la conducta del político mismo.

Son historias de signos exteriores de fortuna, revisiones de contabilidades que no calzan, sumas inexplicables, decisiones administrativas incongruentes, contratos ilegales, desembolsos subrepticios, trámites festinados. La lista es mucho más larga, y hemos visto de todo, prácticamente en todas partes.

Venimos de una amplísima y larga (demasiado larga) acción de la Fiscalía en el caso Odebrecht. Ni uno de los políticos que cayó a la olla se privó de denunciar persecución política en su caso particular. El argumento quedó descalificado cuando los líderes de todos los partidos se vieron comprometidos, y allí siguen.

En el caso de Vladimir Cerrón, el más reciente usuario de la idea de ser un perseguido político, la acción de la justicia empezó hace ya varios años, tanto así que fue suspendido de su gubernatura en el 2019. A los reflectores que Cerrón busca tanto hoy se han sumado, con buena memoria, los de la justicia.