CVR: un mensaje urgente para el Perú de hoy

Por Salomón Lerner Febres (*)

Este 28 de agosto se cumplen dieciocho años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En ese informe se presentó una descripción descarnada y un análisis minucioso de los años de violencia armada que sufrimos los peruanos entre 1980 y 2000. Se podría decir que son tres los grandes temas planteados por ese informe.

El primero es la grave responsabilidad de Sendero Luminoso y también de agentes estatales en la perpetración de atroces y masivas violaciones de derechos humanos. El informe señala cómo Sendero Luminoso inició esa etapa de violencia y cómo adoptó métodos terroristas desde el inicio, describe el itinerario seguido por esos actores y documenta los delitos de lesa humanidad que cometieron.

El segundo gran tema es la existencia de las víctimas y su realidad y sus necesidades. Aunque parezca increíble, aunque era evidente que habíamos salido de un periodo de grave violencia, era muy poca la conciencia nacional, incluida la estatal, sobre la existencia de víctimas cuyos derechos debían ser atendidos.

En tercer lugar, la CVR exponía las raíces de la violencia y el contexto institucional, político, cultural en el cual esta se desplegó. Ese aspecto del informe quería ser una llamada a una reflexión crítica sobre nuestro presente y nuestro pasado colectivo.

En los años transcurridos hemos constatado la resistencia del Estado y de la sociedad peruanos a reflexionar seriamente sobre las lecciones de esa tragedia. También hemos comprobado que las reformas institucionales que se revelaban como indispensables a partir de esa experiencia fueron mayormente ignoradas. Pero quizá resulte necesario resaltar hoy hasta qué punto esas omisiones y ese desinterés hacen visibles sus consecuencias en la situación que el país vive actualmente.

En efecto, lo que hoy experimentamos es, en una buena medida, un reflejo de la falta de memoria del país. Eso se podría sostener al menos en dos sentidos.

Por una parte, en el colapso del sistema político, que ha dado lugar a que propuestas políticas minoritarias, tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político, conquisten posiciones dominantes en la conducción de nuestra democracia. La Comisión habló, en efecto, de cómo la degradación del sistema de representación política había erosionado, o impedido que se afirmara, la autoridad democrática en el Perú. Era imprescindible un saneamiento de ese sistema para encarar la transición del año 2001 con mejores perspectivas: nada de eso fue realizado, y lo que vemos hoy en día, en este clima de extremismos y demagogia, es la expresión de ese deterioro.

Por otra parte, presenciamos desde la izquierda y desde la derecha, desde algunos sectores del Gobierno y de la oposición, una postura banalizante hacia la violencia, como si la violencia de motivaciones políticas no implicara graves violaciones de derechos humanos. Un mal entendido concepto de justicia social o de orden social, según sea el caso, lleva a pasar por alto, o a comentar con ligereza, los delitos cometidos en aquellos años por los actores armados, subversivos o estatales, y el profundo sufrimiento causado a la población, principalmente a aquella históricamente marginada en el Perú. Es en ese contexto que se da una desorientada discusión sobre el terrorismo, un tema que por su gravedad debería ser tratado con mayor información y seriedad conceptual, sobre todo por parte de autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. Esta ligereza constituye un repetido agravio a las víctimas.

En resumen, cabe decir que la situación que hoy experimentamos es un inevitable resultado de la denegación de la memoria o del uso de la memoria con criterios de partido o de secta. Lo que la CVR propuso en su informe final es una memoria honesta, comprehensiva, de carácter humanitario y de horizonte democrático. Esa propuesta no fue atendida en su momento, pero está todavía vigente en su Informe Final. Ha sido abrazada por millares de víctimas en todo el país y está todavía abierta y a disposición de autoridades y políticos que decidan dar el paso hacia ese compromiso democrático.

(*) Expresidente de la CVR.