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Esterilizaciones, 25 años después

300 mil víctimas de un plan estatal cuyo fin era reducir la pobreza aún esperan justicia.

Resulta increíble que el argumento usado para esterilizar a casi 300 mil personas durante el gobierno de Alberto Fujimori haya sido la lucha contra la pobreza. Entre 1996 y 2000, según un informe de la Defensoría del Pueblo, se realizaron 272.028 ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías. 19 personas fallecieron por complicaciones postoperatorias.

Ayer, nuevamente las asociaciones de víctimas de las esterilizaciones forzadas, con su protesta en la puerta del Ministerio Público, nos recordaron que es una cicatriz que perdura 25 años, básicamente por el clima de impunidad que rodea el caso. El Estado ha dado algunos pasos hacia el reconocimiento de su responsabilidad. Por ello, el 2017 abrió el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO). Algún avance, pero no lo suficiente.

El proceso actual ante el Poder Judicial involucra al expresidente Fujimori, a tres de sus exministros y un director de salud, quienes participaron o promovieron, según señala el fiscal, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que buscaba “reducir la pobreza, reduciendo a la población más vulnerable”. En un documento oficial que se ha incluido en el proceso, se señala que la meta en 1997 era realizar 150 mil ligaduras de trompas.

La coacción al personal de salud para cumplir con las metas de esterilización propició la existencia de casos documentados de mujeres amenazadas o no informadas respecto al procedimiento quirúrgico practicado.

¿Quién ha pagado con cárcel por esta decisión, adoptada como una política de Estado y que se dirigió fundamentalmente contra mujeres y hombres pobres, de escasa instrucción, que fueron conminados o directamente intervenidos quirúrgicamente sin su consentimiento? Nadie.

¿Se han pagado las indemnizaciones a las víctimas, entre las que también se incluye a quienes resultaron con complicaciones o fallecieron por esta causa? No, el Estado no ha pagado la deuda social que mantiene pese a que en 1998 la Defensoría se lo recomendó expresamente al Ministerio de Salud. También una comisión del Congreso determinó que se produjeron daños en la integridad física y psicológica de las 300 mil víctimas.

Ad portas de una decisión judicial que ordene abrir o no juicio oral contra los responsables, recordemos a Mamérita Mestanza Chávez, de 33 años, que fue operada sin consentimiento y murió por lesiones graves, sin atención médica. Su caso, archivado tres veces por la fiscalía, fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún no se ha juzgado a los responsables de su muerte.