Los costos de un paro que se pudo evitar

La huelga de los transportistas ha mostrado todas las debilidades del estilo de manejo del Gobierno, lo que no es exclusivo de la administración de Sagasti, pues viene de antes. Solo se mira el alza de precios de las materias primas cuando conviene. Por ejemplo, los excelentes precios actuales de los minerales, sobre todo del cobre y del oro. Inmediatamente se dice que aumentarán las exportaciones y la recaudación tributaria, lo que contribuiría al rebote del 10% de crecimiento del PBI en el 2021.

Pero “no se vio” el alza del precio del petróleo, que superó los US$ 60/barril. Como Perú es importador neto de petróleo, habrá efecto negativo en la balanza comercial.

El alza del petróleo disminuye la demanda interna. Si las personas gastan más en gasolina para sus autos y/o en los pasajes -tanto en la ciudad como en los viajes interprovinciales- tendrán menos dinero para comprar otros bienes. También incide en la inflación: los alimentos subirán en los mercados. Y los más caros insumos industriales serán trasladados a los precios finales por los empresarios.

Para los neoliberales, ese no es su problema. Si los precios internacionales de los combustibles suben, en el Perú también lo harán. Ya lo habíamos visto hace un mes cuando el balón de GLP subió por arriba de los 45 soles, y hasta más, dándonos el triste privilegio de ser los más caros de América Latina (1).

Esto pudo haberse evitado: hasta abril del 2020, tanto el diésel como el GLP estaban en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo que permite atenuar la volatilidad de los precios: cuando suben, no toda el alza se traslada a los precios finales; cuando bajan, no toda la rebaja se traslada al consumidor, justamente para “compensar” el periodo de alza anterior.

Fue en abril que se promulgó el DS-007-2020-EM cuando -¿recuerdan?- los precios fueron negativos por la pandemia. En el MEF dijeron esta es nuestra oportunidad: nada de FEPC, que los precios internacionales hagan la “correcta asignación de recursos”.

Todo esto justo cuando se han perdido dos millones de empleos, cuando solo en Lima la masa salarial ha caído más de 30% y se mantiene ahí, cuando los transportistas no han podido circular por varios meses y aún hoy están sometidos a los -necesarios- aforos para disminuir los contagios.

Tampoco el MEF quiso disminuir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo que puede hacer con decreto supremo, aunque no debe porque el diésel es el más nocivo de todos los combustibles. Pero, ojo, no es por la nocividad que no lo bajó (eso le importa poco al MEF), sino por los “chivilines”. Otra cosa es la devolución del ISC a los transportistas, que sí necesita ley expresa.

El MEF estuvo “ausente” y le dejó la negociación a los ministros de Transportes y de Energía y Minas. La fórmula encontrada nos recuerda a Alan García: la autoridad política virtualmente ha obligado a Petroperú a modificar su política de precios, lo que constituye una intervención inaceptable: una típica medida “populista”.

La cereza: el gobierno dio marcha atrás y “devolvió” al diésel al FEPC, de donde nunca debió salir. Pero no al GLP, seguro porque la población no puede presionar igual. ¿Cuántas centenas de millones de soles de pérdidas pudieron evitarse? Ya lo sabremos. ¿Y el impacto en el PBI de marzo de 5 días de huelga? Ya el INEI lo dirá.

La solución al alza de los precios internacionales es la masificación nacional del gas domiciliario y vehicular: sustituye a los derivados del petróleo y contamina menos. Además, sus precios son regulados porque vienen del Lote 88 (2). Pero la política de masificación actual ha fracasado, lo que debe corregir el próximo gobierno que, además, tendrá que seguir enfrentando la pandemia.

1) Ver bases de precios de combustibles cepalstat, en www.Cepal.Org.

2) Ver “Paro de transportistas y transición energética”, La República, 17/3/21.