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Ensuciando la elección del año 2021

Se debe evitar que se perturbe el derecho a elegir.

El objetivo de que las elecciones 2021 sean transparentes y justas no está encontrando su obstáculo principal en la pandemia, sino en los planteamientos lanzados desde algunas instituciones que, por absurdos, son sospechosos de intereses subalternos.

El congreso –¡qué sorpresa!– es una institución que parece dedicada a perturbar la próxima elección para ajustar sus reglas a sus propios intereses.

Por ejemplo, está la propuesta del presidente de la comisión de constitución, Omar Chehade (APP), para fijar que los candidatos presidenciales deben tener seis meses previos de militancia en el partido por el que postularán.

Bajo la ‘buena intención’ de fortalecer a las agrupaciones políticas, esta iniciativa implicaría que los postulantes tendrían que haber estado afiliados en mayo pasado, y en la práctica significaría que los tres primeros en la última encuesta de Ipsos –George Forsyth (23%), Salvador del Solar (14%) y Daniel Urresti (9%)–, además de otros como Verónika Mendoza (5%), quedarían fuera de la competencia gracias a una propuesta retroactiva.

La del congresista Chehade no es la única amenaza a un proceso electoral limpio. Su colega fujimorista Martha Chávez, experta en las lides de cambiar reglas para favorecer a su agrupación, ha planteado la paparruchada de que solo los fundadores de partidos políticos puedan postular a la presidencia, algo que atenta contra la democracia interna, seguramente tomando como ejemplo a su agrupación, donde los únicos candidatos posibles son los que tengan un apellido que empiece con F y termine con I.

El ministerio público parece dedicado a lo mismo, a través del fiscal José Domingo Pérez con su iniciativa para suspender las actividades políticas de Fuerza Popular por dos años y medio, lo que implicaría que este partido no solo no podría participar en la elección 2021 sino que, incluso, se quedaría sin bancada parlamentaria.

Este pedido al juez parece un abuso por una motivación personal, que oscurecería el derecho del elector a elegir, por parte de un fiscal que, cuando se le critica, responde que quien lo hace es fujimorista o corrupto, reacción que le servía en 2016 pero que ahora, en 2020, ya está muy gastada.

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