Pobreza y simulación de formalidad

Villa El Salvador y Huancané (Puno) viven consecuencias de varios lastres. Entre las políticas más chocantes de ‘destrabe’ de negocios, Osinergmin posibilitó que opere el cisterna-hechizo de GLP cuya deflagración causó 21 muertes y daños graves al patrimonio y la salud.

El Comercio recuerda que el regulador modificó las normas en 2017 para autorizar el transporte de GLP a quien presenta una declaración jurada de la buena condición del vehículo. Es un caso similar al del Ministerio de Trabajo que en 2017 varió la norma para no incomodar a las empresas con más de una inspección anual: tras las muertes en McDonald’s, el Gobierno corrigió a mayor supervisión.

En Huancané, una adolescente de 17 años desapareció, pero cuando su padre aymara-hablante y campesino quiso denunciar, la PNP lo rechazó por falta de fotos y videos.

La menor quedó embarazada, el progenitor y los padres de éste la secuestraron por siete meses, incomunicándola, casi sin comida. Dio a luz y el progenitor, que la golpeaba, mató al bebé. El cadáver quedó en la casa.

La víctima fue rescatada y el certificado emitido por el Hospital de Huancané no registra violencia física ni psicológica. El padre del infractor ha sido jefe del personal de salud en Huancané y la población ha protestado dos días pidiendo “justicia para los pobres”. En Puno, el 65% de los pobres habla lengua indígena. El padre de la víctima pidió el alta de su hija para evitar más riesgo, ante la influencia del padre del agresor en el sistema de salud.