Luis Castañeda debe hacer frente a las acusaciones y someterse a las investigaciones.,Según un reportaje de IDL Reporteros y del diario brasileño O Globo, el alcalde Luis Castañeda negoció antes de asumir el cargo con la constructora OAS a través de la abogada Giselle Zegarra, ex funcionaria de su gestión, la cancelación del proyecto Río Verde para que una vez en funciones usar esos recursos para la construcción del by-pass de la Av. 28 de Julio en el cercado de Lima. De acuerdo al reportaje, José Pinheiro, presidente de la constructora brasileña OAS, detenido el año pasado y condenado a 16 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, en el caso Lava Jato, mantuvo conversaciones con Zegarra, ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima en la gestión de Castañeda, durante el mandato de Susana Villarán. Desde la perspectiva legal, cuando ocurrieron los hechos Castañeda ya era alcalde electo de Lima Metropolitana –había recibido un mandato legal y vinculante– y las negociaciones que entabló a través de la abogada que hablaba en nombre suyo se realizaron con una empresa que mantiene una relación contractual con la comuna limeña. El propósito de los tratos irregulares era cambiar la naturaleza de un proyecto que luego ejecutaría Castañeda como alcalde y en el que Zegarra ejerció la función remunerada de consultora. La denuncia contra el alcalde y la empresa se complica porque el cambio negociado a espaldas de la alcaldía de entonces significó desechar un proyecto ecológico financiado para redirigir los recursos al by-pass que propuso el alcalde sin que estuviese en el plan de inversiones de la municipalidad. Como en el caso de otras denuncias, Castañeda ha guardado silencio durante varios días. Sus allegados han ensayado una explicación precaria que señala que los diálogos que se encontraron en el teléfono celular del empresario brasileño reflejan un intercambio privado sobre un tema privado. Existe sobre el punto vasta jurisprudencia que sanciona actos privados entre privados que van contra el interés público. Las tres líneas de investigación habilitadas legalmente están bloqueadas por ahora. El pedido del regidor de Lima Hernán Núñez –hostigado por regidores de Solidaridad Nacional y empleados de la Municipalidad– para que una comisión del Concejo Municipal indague la denuncia no ha prosperado, en tanto que la fiscalía demora en abocarse al caso. El tercer espacio, el Congreso, dominado por el fujimorismo y últimamente presto a investigar todo lo actuado por el anterior gobierno y el actual, también se ha negado a hacerlo usando para el caso argumentos dilatorios a cargo del Presidente de la Comisión de Fiscalización. Sobre Castañeda pesa una reciente campaña Habla Castañeda para que rinda cuentas. El alcalde no ha respondido estas críticas y ahora esta denuncia. La gravedad de lo referido hasta este momento debe impulsarlo a dar la cara a sus electores.
