José de Echave: “Nacionalizar no es sinónimo de estatizar”

José de Echave dice que nacionalizar significa poner los recursos naturales en función de una estrategia de desarrollo nacional. Además, propone modificar la ley de regalías y colocarla como valor de las ventas y aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras. Con ello, el país tendría recursos tan necesarios para hacer frente a la pandemia.

La candidata Fujimori propuso entregar 40% del canon directo a la población. ¿Es viable?

Creo que es una propuesta que no fue suficientemente pensada, por varios motivos.

¿Cuáles?

Porque no hay muchos planteamientos de este tipo a nivel internacional. Algunas experiencias se pueden aproximar, pero no son como las presentadas. Una de las grandes debilidades es que se busca financiar un gasto que debería ser estable con una fuente de ingresos, que como sabemos es muy volátil y que además limita, como ocurre con el precio de los minerales que cambian de manera permanente y que además son recursos que se terminan, porque son no renovables. En segundo lugar, y es grave en una perspectiva de estrategia de desarrollo nacional y de desarrollo regional, es que les estaríamos quitando recursos de inversión a los gobiernos regionales y locales en un momento complicado. Un ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, el 71% del presupuesto de la municipalidad provincial de Espinar, vinculada a la minería en el Cusco, dependía del canon. Les quitaría recursos significativos a los gobiernos subnacionales.

Y también avivaría conflictos...

Generaría distorsiones, desigualdad y también conflicto dentro de las propias regiones y habría asimetrías entre regiones que reciben canon porque hay actividad minera en su territorio, y también entre las propias provincias y distritos porque la distribución del canon no es equitativa. Además, se parte de una hipótesis que no necesariamente es cierta, que los conflictos y las resistencias a la minería se reducirán porque se van a ver los beneficios de esta actividad, y no se entiende que la conflictividad social vinculada a la minería es multidimensional, puede ser económica, pero también es social y, como lo dice la Defensoría del Pueblo, es también ambiental. Es una propuesta que no fue pensada de manera suficiente y no me parece realista.

Y cuando el candidato Pedro Castillo habla de la nacionalización de los recursos en sectores claves para el país, ¿de qué está hablando?

En primer lugar, los que hemos planteado esta propuesta tenemos la obligación de precisar de qué se trata.

¿Y de qué se trata?

Una primera tarea es enfrentar ese fantasma de que nacionalización es igual a estatización. Es decir, de pensar de que son empresas públicas y que los sectores extractivos se van a llenar de empresas públicas. Cuando se habla de nacionalización se está planteando cómo ese recurso natural, como ese bien de la naturaleza que nos tocó, lo ponemos en función de claros objetivos de desarrollo nacional.

Es como la propuesta del gas natural para los peruanos.

En el caso del gas natural, es lograr un objetivo fundamental que otros países de la región ya lo lograron, y son los casos de Colombia y Bolivia, con la masificación del gas. Pensar en nacionalización del gas es pensar en eso. En buscar que ese recurso beneficie a los peruanos y también a las actividades productivas en el Perú. Y eso implica un proceso de negociación con las empresas que están a cargo de la extracción del gas.

¿Y en el caso de la minería?

Me da la impresión de que la nacionalización de la minería implica pensar cómo lograr que la renta extractiva quede en un porcentaje más importante en el país para financiar las necesidades de este, más aún en un contexto como el actual, donde los precios de los minerales empezaron a subir de manera significativa, por ejemplo, con precios históricos como el del cobre, de US$ 4,70 la libra, algo que nunca pasó. Entiendo la nacionalización de esa manera, es decir, poner los recursos naturales en función de una estrategia de desarrollo nacional. Nacionalizar no es sinónimo de estatizar, además hay países en América del Sur, como Colombia o Chile, donde tienen empresas públicas (estatales) precisamente en sectores estratégicos de energía y minería que son productivas y que son manejadas de manera muy seria y responsable. Eso no está descartado, pero es importante precisar cuál es el objetivo estratégico de una propuesta de nacionalización de los recursos naturales.

¿El modelo es perfectible para que el país pueda ganar más por sus recursos naturales, y con ello tener mejor redistribución de la riqueza?

Las actividades extractivas juegan un rol muy importante. Son actividades claves, fundamentales y seguirán siendo actividades fundamentales y claves y en el caso de la minería, eso está totalmente claro y, por supuesto, una de las tareas que tenemos es precisamente ajustar las políticas públicas para que sectores extractivos como la minería o el gas, o los hidrocarburos en términos generales, permitan que el país se beneficie de estas actividades. El rol estratégico de esas actividades está claramente definido, pero se necesitan políticas públicas para sacarle provecho, en el buen sentido de la palabra, en un contexto que aparentemente va a ser favorable en los próximos años.

Además, en un momento de alto precio del cobre...

Nuevamente hemos entrado en un ciclo favorable, habrá que analizar cuánto va a durar, pero un ciclo de altos precios de los minerales que nos permitirá mayores ingresos, que tienen que ser usados de manera seria, responsable y sobre todo pensando que son recursos volátiles, que hay tiempos de precios altos de las materias primas y hay tiempos en que los precios comienzan a bajar. En los últimos años hemos tenido claros ejemplos de eso y diez años de un superciclo de precios de prácticamente todas las materias primas. La sensación que queda es que no tuvimos la capacidad como país, precisamente por implementar el piloto automático, de capturar un porcentaje mayor de la renta extractiva, que hubiera sido muy útil para este momento difícil que el país está sufriendo por la pandemia. Saquemos lecciones de lo que hemos vivido recientemente y ajustemos políticas públicas para permitir los beneficios importantes que en periodos nos brindan estos sectores importantes.

En Chile, los diputados aprobaron aplicar un royalty, es decir, una mayor contribución tributaria de la minería para atender las necesidades de su país. ¿Es posible aplicarlo aquí?

Hay dos pistas que el país debería seguir para una mayor captura de la renta extractiva, en particular de la minería.

¿Cuáles son?

Hay que revisar la regalía minera, que debería ser sobre el valor de la producción o de las ventas. Implica modificar la regalía actual y aplicar necesariamente un impuesto a las sobreganancias mineras. Es una discusión legítima. Con estas dos pistas, modificando la ley de regalías y colocándola como valor de las ventas, y colocar un impuesto a las sobreganancias, nos permitiría tener eso que, sin duda, estamos necesitando en las actuales circunstancias.

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