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Pluspetrol insiste en que pasivos ambientales en controversia fueron causados por otros operadores

Economía LR

La Republica
Lote 192. Remediaciones de pasivos ambientales son motivo de controversia entre Pluspetrol y OEFA. Foto: Javier Quispe/La República.

La empresa, que anunció su liquidación en febrero último, señala que no es responsable de las afectaciones ambientales sucedidas antes del 8 de mayo del 2000.

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El anuncio de la liquidación de Pluspetrol Norte S. A. (PPN) ha generado preocupación por lo que pasará con los pasivos ambientales en el Lote 192, que operó hasta el 2015, así como en el Lote 8.

“Exhortamos a la empresa Pluspetrol Norte S. A, la cual asumió ‘contractualmente la obligación general de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes’ a garantizar la descontaminación de los impactos ambientales generados durante la operación de los Lotes ex 1AB (192) y 8, así como el cumplimiento de las obligaciones a su cargo”, invocó la Defensoría del Pueblo el pasado 25 de febrero.

La respuesta de PPN no se hizo esperar. Ayer, a través de un comunicado, ‘precisaron’ que los pasivos ambientales objeto de la controversia con el OEFA fueron causados, en su totalidad, por operadores anteriores. “Desafortunadamente, en lugar de atribuir la responsabilidad por su generación y remediación a sus causantes y al Estado, el OEFA busca trasladarla a PPN, en perjuicio del ambiente y las comunidades”, señalaron.

Recordaron que la ley peruana establece con claridad el principio por el cual “el contaminador es el pagador”, siendo la única excepción contemplada el caso en el que una empresa asuma voluntariamente los pasivos de otra, cosa que no ha ocurrido.

Incluso, indicaron que, a través de un arbitraje internacional, se emitió un laudo, que tiene calidad de cosa juzgada, en el que se dispuso declarar que Pluspetrol no asumió contractualmente responsabilidad u obligación de remediar Afectaciones Ambientales Históricas causadas con anterioridad al 30 de agosto de 1985 ni causadas entre el 30 de agosto de 1985 y el 8 de mayo de 2000, y únicamente aceptó contractualmente una obligación general de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes.

En ese sentido, la empresa ha reiterado que la “intransigente posición de la OEFA de imputar la responsabilidad a PPN es lo que, de forma injusta, posibilita que los verdaderos obligados a remediar escapen su responsabilidad, condenando a las comunidades a vivir en una situación de vulnerabilidad”.

Finalmente, señalaron que han dedicado todos los recursos disponibles a atender sus obligaciones ambientales y comunitarias, invirtiendo más de 800 millones de dólares en un programa de reinyección de las aguas de producción que fue pionero en el Perú.