31% de dictámenes aprobados por el Congreso atentan contra finanzas públicas

El Perú podría incidir en un mayor déficit fiscal y deuda pública influenciada negativamente por el incremento a 31% de los dictámenes aprobados por el Congreso con incidencia fiscal, informó el Consejo Fiscal (CF).

Según la Dirección de Estudios Macrofiscales de la Secretaría Técnica del CF, cerca del 21% de los proyectos presentados en el Legislativo en el periodo 2020 lastrarían las finanzas públicas, por lo que exhortan al Congreso y al Ejecutivo a “actuar con extrema responsabilidad fiscal para no agravar crisis fiscal producida por la COVID-19″.

El CF precisa que las iniciativas con el costo fiscal más elevado son:

• La autógrafa de ley que establece un régimen de devolución de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el otorgamiento de un bono para los pensionistas, la cual acarrearía un aumento temporal pero significativo del gasto público, hasta por 15.956 millones de soles, o 2,3% del PBI, de acuerdo con la observación del Poder Ejecutivo.
• Los proyectos de ley que disponen priorizar el pago de todas las deudas derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, ya sea en los distintos sectores del Estado o en los tres niveles de gobierno. Según el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 (MMM), el costo total de las mismas asciende a S/ 12,472 millones o 1,6% del PBI.
• Los proyectos de ley que buscan incorporar a los trabajadores públicos bajo el régimen laboral del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728, que elevarían el gasto público en aproximadamente 2.000 millones de soles (0,3% del PBI) de forma permanente.

Solamente considerando los costos asociados de los tres proyectos mencionados —prosigue el CF— la deuda pública al final del horizonte de proyección del MMM (2024) alcanzaría el 43,2% del PBI, cuatro puntos porcentuales del PBI superior a la prevista (38,8% del PBI).

Finalmente, recomiendan que las leyes que se aprueben en los meses venideros estén en estricta concordancia con los techos presupuestales previstos en el PL del año fiscal 2021, y en caso se den por insistencia del Congreso y comprometan el gasto público, el Ejecutivo debe acudir al Tribunal Constitucional para respetar la Carta Magna.