Ya se gastaron US$ 93,7 millones en preservación de tubos de paralizado gasoducto del sur

La República
16 May 2019 | 21:00 h

Grandes gastos. Mientras el gobierno gasta US$ 46,8 millones al año para el mantenimiento de la infraestructura del abandonado proyecto del gasoducto, la empresa consultora inglesa Mott McDonald, contratada para proponer alternativas, tarda en entregar sus informes al Ministerio de Energía.

El Ejecutivo contrató a la empresa colombiana Estudios Técnicos SAS para la preservación de los bienes del paralizado proyecto de la construcción del gasoducto del sur –hoy denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas, SITGAS–, en abril de 2017 por un monto anual de 46 millones 899 mil 3 dólares.

Debido a que todavía no se ha encontrado una solución para el desentrampamiento del proyecto energético más importante del país, el desembolso para el cuidado de la infraestructura que era propiedad del consorcio compuesto por Enagás, Odebrecht y Graña y Montero ha demandado a abril de este año un total de 93,7 millones de dólares.

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El gobierno anunció que el primer tramo del gasoducto del sur se completaría en el año 2022, pero no ha precisado si mantendrá el contrato con Estudios Técnicos SAS, que tiene a su cargo "la administración, en representación del Estado peruano, de los bienes de la concesión del proyecto (del Gasoducto Sur Peruano), así como su supervisión hasta su transferencia en el sector privado".

La contratación la efectuó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), por encargo del Ministerio de Energía y Minas, mediante Decreto de Urgencia Nº 001-2017, del 31 de enero de 2017.

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Grueso gasto

El Ejecutivo adoptó la decisión de contratar a Estudios Técnicos SAS luego de que el consorcio de Enagás, Odebrecht y Graña y Montero no llegó a completar el cierre financiero para la continuidad de la ejecución de la obra que quedó paralizada en por lo menos un 30%.

De acuerdo con fuentes de Osinergmin, al momento de asumir funciones, la empresa Estudios Técnicos SAS enfrentó dificultades. "Se presentó retraso en la recepción e inventario de los bienes de la concesión del proyecto del Gasoducto del Sur del Perú por parte del administrador (Estudios Técnicos SAS), debido a la falta de un acuerdo entre el exconcesionario (Enagás, Odebrecht y Graña y Montero) y el Ministerio de Energía y Minas para la entrega de dichos bienes", señalaron.

Enagás ha planteado desacuerdo con la determinación del Estado peruano de dar por concluida la concesión del gasoducto del sur, por lo que ha requerido a nuestro país una indemnización de 511 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), una suerte de tribunal internacional sobre la materia constituido en Washington.

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De tardarse la ejecución del proyecto, el contrato con Estudios Técnicos SAS tendría que ampliarse y representaría un oneroso gasto para el erario nacional.

Pero el frustrado proyecto de gasoducto para el sur del país no solo demandó fuertes desembolsos para la preservación de la infraestructura hasta el momento montada. También representa un desembolso importante la contratación de la consultora inglesa Mott McDonald Limited.

El 19 de abril de 2018, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) contrató a Mott McDonald Limited por 743 mil 800, para definir la mejor alternativa económica y técnica en la formulación de la primera etapa del estudio de preinversión del Sistema Integrado de Transporte de Gas-Zona Sur del Perú (SITGAS), más conocido como Gasoducto del Sur.

El contrato comprendía la entrega, hasta marzo de 2019, de cuatro informes: Plan de Trabajo, Informe de Diagnóstico y Planteamiento de Alternativas, el Informe de Formulación y el Informe de Evaluación.

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El incumplimiento

Sin embargo, a mayo de este año, la empresa Mott McDonald Limited se ha tardado en la entrega del tercer y cuarto informe, lo que ha retrasado la toma de decisiones del Ejecutivo sobre el futuro del SITGAS.

ProInversión contrató a Mott McDonald Limited luego de que en enero de 2017, el entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski dio por terminado el proyecto del Gasoducto Sur Peruano porque el concesionario –integrado por Enagás, Odebrecht y Graña y Montero– no consiguió el financiamiento requerido.

A continuación, el Ministerio de Energía y Minas requirió a ProInversión que el proyecto fuera incorporado en el proceso de promoción de la inversión privada, que luego se determinó que sería ejecutado bajo la modalidad de Asociación Pública Privada (APP) cofinanciada, dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.Pe).

Es así que el Ministerio de Energía y Minas y ProInversión firmaron un Convenio de Asistencia Técnica, el 17 de julio de 2017, lo que permitió que esta segunda entidad suscribiese contrato de consultoría con la compañía inglesa Mott McDonald Limited, el 19 de abril de 2018.

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Sin embargo, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Energía y Minas, la consultora excedió los plazos, por lo que el Ejecutivo se vio obligado, ante la eventualidad de un paro regional en el sur del país fijado para el 6 de junio, a adelantarse en informar que el primer tramo del gasoducto estaría listo para el 2022.

Hasta el segundo informe entregado por Mott McDonald Limited, la consultora planteó que el proyecto debería contar con un primer componente de ducto que se iniciará desde las válvulas del gasoducto en Malvinas (La Convención, Cusco) hasta la localidad de Anta, provincia de la misma región. Además de un segundo componente para el abastecimiento hacia el sur que arribará a Ilo para el suministro de la zona sur del territorio nacional.

Además, el segundo informe de Mott McDonald Limited se reduce a un "diagnóstico de la situación, la definición del problema, los objetivos del proyecto y el planteamiento de las alternativas de solución", de acuerdo con el contrato. 

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Consultora debe dos informes

El tercer y cuarto informe de la consultora inglesa Mott McDonald Limited eran de mayor relevancia y lo que más esperaban los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

El penúltimo informe debe contener la definición del horizonte del proyecto gasífero, el estudio de mercado de servicio público (por ejemplo, la evaluación de la oferta y demanda y la mensuración de la brecha, así como el análisis técnico de las alternativas y estimación de los costos).

En el cuarto y último informe debe darse cuenta de la evaluación de los beneficios sociales, costos sociales, estimación de los indicadores de rentabilidad social, además de la evaluación privada, el análisis de sostenibilidad, selección de la alternativa y estimación del impacto social, entre otros.

Fuentes de Energía y Minas confirmaron que está pendiente de entrega el tercer informe.

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