Merino: las declaraciones falsas que ofreció en la Subcomisión de Denuncias Constitucionales
El expresidente de facto se presentó en el Congreso para ofrecer sus descargos ante la denuncia constitucional en su contra por el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Sin embargo, muchas de sus afirmaciones son falsas.
El 8 de marzo se desarrolló en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la audiencia de la denuncia constitucional en contra de Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez que interpuso la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por presuntos delitos de homicidio, lesiones graves y leves en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Verificador de La República detectó una serie de declaraciones falsas que difundió el expresidente de facto Manuel Merino durante la audiencia y que revelará en este informe.
Las opiniones no son materia de verificación. En este artículo de fact-checking solo evaluamos algunas afirmaciones y brindamos contexto sobre los procesos judiciales que enfrenta Manuel Merino.
“El Ministerio Público no ha llamado a la investigación para descubrir quiénes han matado a esos dos jóvenes”.
Es falso que el Ministerio Público no haya realizado una investigación ante la muerte de Inti y Bryan en las movilizaciones sociales en contra del régimen de Manuel Merino en noviembre del año 2020. El organismo abrió una investigación preliminar en contra de Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo que concluyó en el año 2021 y fue derivada al Congreso de la República mediante una denuncia constitucional. Además, en ese mismo año se formalizó la investigación en contra de altos mandos policiales.
Investigación en contra de altos mandos policiales
Inició en noviembre de 2020 “en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado” y consistió en la recolección de historias clínicas de los ciudadanos agraviados por la represión policial, la realización de pericias forenses, revisión de registros fílmicos, entre otros. La denuncia penal contra 11 oficiales de la Policía Nacional fue formalizada en octubre de 2021 por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos.
De acuerdo al Ministerio Público, la investigación fiscal reveló que los altos mandos de la PNP, pese a tener conocimiento del desarrollo de las movilizaciones sociales, habrían ordenado el uso de la fuerza pública “de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal, con la utilización de armas potencialmente letales y municiones prohibidas”.
Un reportaje de La República Data que narra las anécdotas de víctimas de la represión policial durante las protestas en contra de Manuel Merino e informa sobre los procesos judiciales de los implicados en el caso indica que la investigación en contra de los altos mandos de la policía es “una de las denuncias que más ha avanzado desde que ocurrieron las movilizaciones”.
Investigación en contra de Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo. En noviembre de 2020, la investigación preliminar fue presentada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos en contra de los ex altos funcionarios “por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez”.
En octubre del año siguiente, el Ministerio Público informó que interpuso la denuncia constitucional a los tres exfuncionarios públicos como presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, argumenta en la denuncia constitucional que los investigados pudieron manejar correctamente las estrategias policiales para evitar resultados perjudiciales, pero no lo hicieron. “Los investigados debieron asumir como una eventualidad altamente probable tal resultado, y aun así persistieron en sus conductas omisivas”, sustenta.
“El Ministerio Público no ha encontrado motivos para denunciar a Manuel Merino, al primer ministro y al ministro del interior”.
No es cierto que el Ministerio Público no haya encontrado pruebas para interponer la denuncia en contra de Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo. De acuerdo a la Fiscalía de la Nación, la investigación fiscal descubrió que, pese a que los involucrados tenían conocimiento de la represión policial, estos no dictaron medidas para detener los operativos y salvaguardar la integridad de los protestantes.
En el marco de los procesos judiciales originados por la muerte de dos jóvenes que acudieron a las protestas sociales en noviembre de 2020, las investigaciones fiscales revelaron que los ex altos funcionarios involucrados en este caso “fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país”.
De acuerdo a la sustentación de la denuncia constitucional presentada por Zoraida Ávalos, la fiscal indica que los exfuncionarios tenían conocimiento de la represión policial ejercida en los manifestantes y no lo detuvieron. “En el contexto de los hechos, los investigados debieron asumir como una eventualidad altamente probable tal resultado, y aun así persistieron en sus conductas omisivas. Para decirlo en términos más directos, tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron”, argumenta.
Asimismo, la denuncia indica que Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo tenían una posición “de dominio sobre las fuerzas policiales” y contaban con la información de que las movilizaciones iban a intensificarse. Pese a ello, “no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones y, por el contrario, se permitió se prosiga con las mismas, lo que conllevó como resultado dos personas fallecidas y 78 ciudadanos identificados a la fecha con lesiones leves y graves, quienes participaron en dichas movilizaciones sociales”.
Afirmaciones engañosas
“Hay cámaras de videovigilancia que tiene la municipalidad de Lima y no hay un solo testimonio del Ministerio Público que diga aquí están los resultados de las cámaras para poder identificar quién los mató”.
Si bien la Municipalidad de Lima puso a disposición 33 cámaras de videovigilancia del Centro Histórico, el alcalde del distrito afirmó que la única cámara ubicada cerca a las avenidas donde se presume que Inti y Bryan fueron asesinados no se encontraba operativa durante las protestas.
Parte de las investigaciones que desarrolló el Ministerio Público para identificar a los responsables del asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado consistía en revisar las cámaras de videovigilancia que forman parte de las calles del Centro de Lima.
Según investigaciones realizadas, se presume que ambos jóvenes fueron abatidos en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay. Por ello, los videos captados por la cámara de videovigilancia ubicada en el cruce de ambas avenidas cumplían un rol fundamental para determinar los responsables de los heridos y fallecidos. Sin embargo, la Municipalidad del distrito emitió un comunicado y dijo que esa es la única cámara que no se encontraba disponible por “desperfectos técnicos”.
De igual manera, Jorge Muñoz, alcalde de Lima, reconoció que dicha grabación era de alta relevancia para las investigaciones fiscales, pero no se entregó. “Teníamos 33 cámaras que han grabado la zona del Centro Histórico, lamentablemente, una de las cámaras estaba en mantenimiento. Era una cámara de una zona que podría haber sido de mucha trascendencia, pero todo lo demás lo hemos entregado”, indicó a Canal N.
En comunicación con Verificador de La República, Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, explicó que las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima que podrían revelar al responsable del fallecimiento del joven de 24 años no fueron entregadas a la Fiscalía. “No pueden ofrecer ningún resultado, es cierto, pero porque no se han entregado”, precisó.
Conclusión
Es falso que el Ministerio Público no haya abierto las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables por el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado. En noviembre de 2020, la Fiscalía abrió dos investigaciones, una en contra de Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, y otra en contra de los altos mandos de la PNP que estuvieron a cargo de las operaciones policiales durante las movilizaciones sociales.
La investigación en contra de Merino de Lama y los exministros concluyó y se presentó una denuncia constitucional en su contra por no haber detenido la represión policial ejercida sobre los manifestantes. Por otro lado, se formalizó la investigación en contra de los miembros de la policía implicados en el caso y, hasta la fecha, este proceso continúa.
El expresidente de facto también dijo que las cámaras de videovigilancia no han presentado evidencias sobre el responsable de la muerte de Inti y Bryan, pero se trata de una afirmación engañosa, pues la cámara ubicada en el lugar donde presuntamente falleció uno de los jóvenes no fue entregada por problemas técnicos.
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