El mayor perjuicio al Estado en el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero se da en la adenda, sostiene la Procuraduría Anticorrupción. Señala que se dio "un salvavidas" a Kuntur Wasi en el cierre financiero., El titular de la Procuraduría Anticorrupción, Amado Enco, confirmó que han solicitado a la Fiscalía investigar al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por el delito de colusión, al haber suscrito una adenda que -según su entidad- favorece a la empresa concesionaria de la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Tras las críticas del Ejecutivo, Enco Tirado desmintió que se haya presentado la denuncia por “una simple fotografía” (Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra junto a directivos del consorcio Kuntur Wasi) y aseguró que han remitido un documento con 20 páginas donde se explica los fundamentos para que se investigue la firma de la adenda. PUEDES VER: Procuraduría Anticorrupción presenta denuncia contra Vizcarra por adenda “Se está solicitando a la Fiscalía amplíe la investigación preliminar que ya la dispuso. Ya hay una investigación que aborda lo referente al contrato, pero a criterio de la Procuraduría Anticorrupción el mayor perjuicio al Estado se da en la adenda. Entonces si por el contrato se abre una investigación preliminar, con mayor razón consideramos debería abrirse uno respecto a la adenda”, declaró este domingo en diálogo con RPP. El procurador anticorrupción respondió también a la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, quien manifestó que le parecía “increíble” que Enco plantee una “acusación sin fundamentos” tras haberse hecho “la corrección de una falla en el contrato” suscrito durante el gobierno de Ollanta Humala. “La Procuraduría considera que no estamos frente a una simple corrección del contrato. A juicio nuestro [...] la adenda termina siendo prácticamente un nuevo contrato. Desnaturaliza los componentes más importantes del contrato de concesión bajo la modalidad APP original que fue suscrita en 2014”, respondió el procurador. Enco explica que el detrimento a los intereses del Estado se da en el cierre financiero, ya que el consorcio había llegado a este punto del proceso “en una situación financiera que no era la ideal”. Señala que en este momento es donde el Ejecutivo benefició a la empresa privada. “El Estado, a fin de no perder lo ya avanzado en el proceso de concesión y no optar por otras medidas que la ley franqueaba en esos momentos, opta por continuar con el proceso, pero da un salvavidas al consorcio. Y así lo entiende la Procuraduría, a partir de que el traslado de riesgo, que inicialmente surge con 28.6 % para el Estado y 71.4 % para el privado, se invierte”, agrega. Sobre el informe que viene realizando la Contraloría General, el procurador señaló que este organismo tiene una labor de control que es muy distinta a la de la Procuraduría Anticorrupción, por lo que pueden ir en paralelo pero no coordinar una con otra.
