Coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Rosmary Cornejo, indicó que las investigaciones sobre el pago de coimas de la constructora Odebrecht, constituyen un gran reto para demostrar que nuestro país está a la altura de las exigencias de la entidad internacional., Tras concluir el proceso de adhesión de nuestro país a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Perú será evaluado periódicamente por este organismo internacional, a fin de supervisar si las medidas implementadas en materia de prevención y represión del delito de soborno cumplen sus altos estándares, informó la coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Rosmary Cornejo Valdivia. PUEDES VER: En el 2017 Perú iniciará proceso de ingreso a OCDE Manifestó que, en ese camino, las investigaciones sobre el pago de coimas realizadas por la constructora brasileña Odebrecht para ganar licitaciones de obras públicas en nuestro país, constituyen un enorme reto para el Estado peruano de demostrar que está a la altura de las exigencias de la OCDE. Cornejo Valdivia explicó que se tiene previsto que el Perú ingrese a la primera fase de seguimiento en el último trimestre del año. “La Fase 1 de la evaluación se centra en una revisión profunda de las leyes nacionales y otras medidas legales de los países para implementar la Convención, para asegurar que cumplan sus altos estándares”, detalló la coordinadora de la CAN. Durante la Fase 2 se supervisará la efectividad de los marcos legislativos e institucionales antisoborno y, adicionalmente, una misión de la OCDE realizará una visita in-situ de una semana. Las Fases 3 y 4 son evaluaciones de los progresos de las debilidades identificadas en las etapas previas, los esfuerzos llevados a cabo y los resultados obtenidos; así como los temas planteados para modificaciones en la legislación del país. En octubre pasado el Perú logró su incorporación como miembro pleno, con voz y voto, del Grupo Antisoborno de la OCDE y, actualmente se encuentra en el proceso de cumplir con todos los requisitos para adherirse a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Entre los compromisos que nuestro país debe asumir al finalizar esta etapa, destacan la aplicación de sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasorias del delito de soborno, y la tipificación del delito de blanqueo de capitales en relación con el soborno o con los resultados del cohecho de extranjeros.
