Por Javier Diez Canseco. Javier Diez Canseco. En 1992, bajo la dictadura de Fujimori y disuelto el Congreso, se impuso en el Perú el llamado Sistema Privado de Pensiones y las AFP. Se desarticuló el Sistema Nacional de Pensiones, copiando el modelo pinochetista chileno. Aunque dijeron que así resolveríamos los problemas pensionarios del Perú, hoy –dice el Banco Mundial– 77% de los peruanos y peruanas mayores de 65 años no cuentan con ningún tipo de seguridad social o pensión alguna, privada o pública. Esta es una de las facetas más duras de la pobreza en el Perú: la de la tercera edad. Por ello, se debería –entre otras cosas– reformar el sistema pensionario y establecer un Fondo Previsional Solidario que garantice a todos los mayores de 65 años una pensión mínima, un acceso a la seguridad social. No es imposible, si dedicamos a ello un porcentaje de todas las cotizaciones a la Seguridad Social, una parte de las millonarias utilidades que obtienen las AFP y asignamos recursos presupuestales del Estado. La presidenta Michelle Bachelet, ha propuesto una reforma del sistema previsional chileno, precursor del injusto sistema de las AFP, en ese sentido. Le dedica, inicialmente, más de US$ 1000 millones de dólares. Bachelet ha dicho: "La Reforma Previsional entregará a los hombres y mujeres de Chile la seguridad de una vejez digna. Es una reforma que reconoce que todos los trabajadores, hombres y mujeres, dependientes e independientes, con contratos de trabajo permanentes o temporales que contribuyen al desarrollo de Chile". Ojo: "todos", es decir no solo los estables y lo que cotizan, pues se trata de países con altos niveles de informalidad (aunque Chile tiene menos que el Perú). Sostuvo, además, que ha tomado la decisión pensando "en cada trabajador y trabajadora, en cómo brindar mayor seguridad a ellos y sus familias, en cómo incorporar a todos y todas al sistema, cómo acabar con las discriminaciones...". Su proyecto implica un cambio profundo en el sistema de pensiones y garantizará ingresos seguros y dignidad a las personas de tercera edad al crear un Fondo Solidario que –como hemos planteando en el Perú– recoja y administre los recursos necesarios para cumplir con darles una Pensión Básica Solidaria (PBS) a todos y reajuste las pensiones de cerca del 60% de la población. En Chile, el llamado "Pilar Solidario" será financiado con los ingresos fiscales proyectados, estimados en US$ 128,000 millones entre 2008 y 2010. En el Perú, la reforma del sistema pensionario (y la tributaria) está estancada en el Congreso hace años, por presión de los grandes grupos de poder. Ni siquiera sale la libre desafiliación de las AFP de quienes desean regresar al sistema público pues fueron interesadamente mal orientados a salirse de él, rechazada por el pleno del Congreso en su sesión de ayer. La Comisión de Economía pretende limitar este derecho a un pequeño grupo de personas, por un tiempo mínimo, previa aprobación de una comisión manejada por el gobierno. El debate se ha vuelto a postergar y no hay ninguna reforma de fondo en un sistema que margina las mayorías. Claro, no se toca un pelo de las inmensas utilidades que tienen las AFP a costa de más de tres millones de afiliados (utilidades anuales promedio de 55%, mientras se siguen cobrando costos de administración y seguro entre los más altos de América Latina). No se garantiza transparencia en el manejo del dinero de los afiliados e inversiones que hacen las AFP, pues no se establecen directores independientes o delegados de los afiliados que cautelen sus intereses en los directorios. Tampoco se investigan cuestionadas irregularidades en el manejo de inversiones y compraventas de las AFP. En Chile se establecerá el acceso universal a una " pensión solidaria básica" para todos, en el Perú no. Ello exigiría trasladar parte de las enormes ganancias de las AFP a este efecto y dar una reforma tributaria que haga que "paguen más los que ganan más" y permita contar con los fondos públicos necesarios para ello. Pero el Congreso Nacional acaba de impedir toda reforma tributaria y de garantizar los privilegios tributarios de las transnacionales y de los grandes grupos de poder en perjuicio de la mayoría de los peruanos. Es hora de poner fin a este abuso y demandar al Congreso, y al Gobierno, una profunda reforma del sistema pensionario con un criterio de solidaridad y justicia social.
