En el ojo de la tormenta. Erick Iriarte señala que medidas similares en EEUU, Brasil y México han tenido que ser reformadas. Roberto Pereira, de IPYS, en cambio considera que DL para ubicar celulares de delincuentes cumple con los estándares internacionales. ,El decreto legislativo que permite a la Policía Nacional acceder a la localización de los equipos móviles utilizados en la comisión de un delito, sin la necesidad de la orden de un juez, ha generado polémica, porque se violaría –entre otras cosas– el secreto de las comunicaciones y de la privacidad. Sin embargo, expertos consideran que en el fondo lo que necesita es un mayor control y, quizás, un trabajo conjunto. PUEDES LEER: Cinco claves para entender la 'Ley de Geolocalización' A nivel internacional, en Estados Unidos, Brasil y México, se han planteado casos similares, pero en todos se han tenido que hacer modificaciones para no violar los derechos de los ciudadanos, precisa Erick Iriarte, abogado especialista en temas de delitos informáticos. Comenta que si bien a nivel mundial existen leyes que facilitan la labor policial y permiten obtener los datos de ubicación, esta situación tiene candados y se trabaja de manera coordinada con jueces y fiscales, que en el caso peruano son sacados de la ecuación en primera instancia. "Todos los lugares que tuvieron normas sin autorizaciones de jueces han requerido reformas, en EEUU por el caso de NSA, también en Europa y Brasil. Ahora tienen controles constitucionales", dijo. Cuestionó que en Perú se proponga obtener primero la información del usuario y luego pedir permiso, vulnerando de este modo la labor del fiscal o el juez, cuando en el mundo "estas autoridades son parte obligatoria y quienes dan la autorización". Falta de control A inicios de 2014, en México, fue avalada la Ley de Geolocalización para que las fiscalías tengan acceso a la ubicación de teléfonos móviles en tiempo real a equipos vinculados a crímenes como secuestro, extorsión o tráfico de drogas, esto, sin la necesidad de una orden dictada por un juez. Iriarte puntualizó que la real problemática es que se da un instrumento sin control y que sin tener el debido proceso, la Policía accederá a la información. "El control real es que exista una validación. Un problema burocrático no se puede solucionar de esta manera", dijo el abogado. Recordó que, por ejemplo, en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), ellos tenían un acceso legal a la información pero fue mal utilizado. "Aquí el peligro es el mismo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que haya un problema de control político?, ese el gran riesgo", refirió. El también abogado Abel Revoredo, experto en tecnología, comentó que siempre hay interés de los gobiernos en tener herramientas para combatir la delincuencia, pero que en muchos casos ha sido declarado inconstitucional. Enfatizó, al igual que Iriarte, que todos los datos técnicos forman parte de la llamada, no solo la conversación en sí. Precisó que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo ello está incluido y protegido dentro del secreto de las comunicaciones. "Nadie está en contra de la norma. Pero debemos estar seguros de que no se afectará un derecho constitucional. Este es un tema que se está discutiendo a nivel mundial, la discusión es si el control se necesita antes o después", expresó. En contraparte, Roberto Pereira, profesor de Derecho Penal de la PUCP y asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), comentó que esta norma lo que plantea es actuar en un hecho de flagrante delito. "Conforme a los criterios de derechos fundamentales de la Corte Interamericana de DDHH, cumple con todos los estándares", agregó. En el uso del sistema ‘Constelación’ hay una oficina fiscal permanente Para el abogado Erick Iriarte, esta norma en lugar de vulnerar el trabajo de los jueces y fiscales, lo que debería plantear es que en las dependencias de casos de extorsión se trabaje de manera conjunta con una oficina permanente del Poder Judicial como se hace con el sistema de escuchas 'Constelación' –utilizado contra el narcotráfico y terrorismo– el cual tiene un control fiscal y judicial. "Crear un camino de vía rápida de coordinación entre la Policía, jueces y fiscales en una oficina permanente en el mismo espacio, una suerte de sala de urgencia", anotó. Opinión contraria tiene Roberto Pereira, quien indica que estas llamadas vías rápidas "han fracasado" desde hace más de 30 años.
