“Lo peor es que esta reforma ‘trucha’ del Ministerio de Economía y Finanzas lleva al enfrentamiento. ¿Eso quiere el gobierno? Todos estamos avisados”.,Del 2003 al 2013, los años del superciclo de precios de las materias primas, muy poco se hablaba de la “reforma laboral”. Pero hoy pareciera que su ausencia es la causa de casi todos los males económicos y de allí la urgencia en aplicarla. ¿Qué pasó del 2003 al 2013? Que el PBI creció a una tasa promedio anual de 5%. Y la inversión privada creció a tasas asiáticas: 15% anual promedio (sin el 2009). Pero del 2014 al 2017 hubo tasa negativa promedio de 3%; en el 2018 creció 4%. Por eso, del 2005 al 2015, la informalidad laboral del total de asalariados privados bajó de 68.2 a 55.5%, para luego estancarse. En las empresas de más de 100 trabajadores, bajó de 21.8% a 8.9%; en las de 11 a 100 bajó de 57% a 36%. La baja fue mucho menor en las de 2 a 10 (donde, de lejos, está la mayor parte de la población asalariada): de 91.7% a 86.6%. Entonces, mientras la economía y la inversión crecían, la informalidad bajaba. Por tanto, el problema no es “legal”, sino de otra naturaleza. Además, desde el 2003 hay leyes específicas –Ley MIPYME desde el 2013– para disminuir los derechos laborales en las pequeñas y microempresas (distintas al régimen de la Ley 728). Con esa Ley el costo laboral adicional al salario es solo 5%. Y aún así, durante las “vacas gordas”, la informalidad fue 86.6%. Por eso hay que mirar de cerca la productividad. Para el Perú se constata una estructura bipolar: el “sector moderno y el tradicional”. Las grandes empresas de alta productividad del sector moderno absorben relativamente poco empleo (16.6%), mientras que el 64.5% está en microempresas –la mayoría informales– de productividad bajísima. El sector intermedio tiene el 18.9% (OIT, Naciones Unidas, Nota Técnica, 30/11/2018). Esas brechas de productividad son de 4.8 a 1 entre formales e informales. Para solucionarlas, se necesitan una diversidad de medidas. En una encuesta a trabajadores informales “se constata que sus principales preocupaciones son la inseguridad ciudadana, el acceso al financiamiento, los aspectos tributarios y la corrupción, relegando aspectos vinculados a los costos laborales” (ídem). Y cuando se analiza el índice generado por el Banco Mundial proveniente del Reporte Anual de Competitividad del World Economic Forum (WEF) vemos que la eficiencia del mercado laboral peruano aparece segundo detrás de Chile, mejor situado que los demás países de la Alianza del Pacífico, la CAN y Mercosur. Dicha posición es recurrente para todos los años del periodo 2007–2017 (1). Queda claro, entonces, que el problema de la informalidad está en la matriz productiva peruana. Y tampoco es cierto que el régimen laboral de la Ley 27360 sea la panacea pues la agroindustria de exportación se ha beneficiado “a precio huevo” de los US$ 7,000 millones que han costado las grandes obras de irrigación del Estado y de la apertura de los mercados de EEUU y la Unión Europea (mucho antes de los TLC). Conclusión: el MEF quiere aplicar su Política de Competitividad –que dice que el problema es de “sobrecostos laborales”– para arrasar con los derechos sindicales y elevar las ganancias empresariales. Falso. Lo peor es que esta reforma “trucha” del MEF lleva al enfrentamiento. ¿Eso quiere el gobierno? Todos estamos avisados. 1 Fuente: Banco Mundial (2018), labor market efficiency, index. Https://tcdata360.Worldbank.Org/indicators/lbr.Mkt.Efcy?Country=bra&indicator=737&countries=arg,bol,chl,col,ecu,mex,per,ury&viz=bar_chart&years=2017
