A diferencia de la sentencia por el caso Tarata, el Poder Judicial dejó sin efecto condena contra agrupación terrorista por delitos de narcotráfico.,El martes el Colegiado A de la Sala Penal del Poder Judicial sentenció a cadena perpetua al Comité Central de Sendero Luminoso por el atentado terrorista a la calle Tarata en julio de 1992. Sin embargo, los absolvió del delito de narcotráfico a pesar del sustento del Ministerio Público (MP). En la sentencia, según diario Correo, el Poder Judicial consideró que las evidencias presentadas por la Fiscalía contra la cúpula terrorista carecen de fundamento y constituyen “testimonios indirectos no corroborados”. PUEDES VER Procuraduría espera que dirigentes del Movadef sean condenados por apología Entre las pruebas presentadas por el MP figuran testigos claves. Por ejemplo, la versión de la clave A1J055463 señaló que en 1990 el solvento financiero de SL era provisto por firmas de narcotraficantes, quienes buscaban asegurar el control de la zona del Alto Huallaga. Este testimonio también señaló que Eleuterio Flores Hala alias “Artemio” se reunió con narcotraficantes para finalizar la negociación. El senderista, quien fue jefe del Comité Regional del Huallaga de SL, era el encargado de recibir el dinero. Otro colaborador identificado con el código A1A000092 denunció que entre los años 1988 y 1989, los narcotraficantes financiaron a la agrupación maoista. Pero el PJ concluyó que esas versiones debe ser “tomadas con pinzas” debido a que los testigos protegidos recibieron beneficios. De quien también, la Sala desetimó su testimonio fue el del congresista fujimorista y exoficial del GEIN, Marco Miyashiro, quien atribuyó a SL el papel de regulador del tráfico ilícito de drogas. La tesis del MP es que Sendero brindó seguridad a los narcotraficantes mientras ellos transportaban droga a sus respectivos destinos. La Sala Penal tampoco tomó en cuenta los oficios encontrados en la casa que hospedó Abimael Guzmán. Precisaron que dicho material “no se puede valorar como indicio por narcotráfico”. Esto provocó que la Procuraduría Antidrogas apele la decisión del PJ.
