Dirigentes de Aidesep señalan que no sería sorpresa la reacción masiva de indígenas ante los abusos que vienen soportando. Plantearon la instalación de una comisión nacional que atienda las demandas de Atalaya y los problemas comunes de los pueblos originarios de la amazonia.,Los diez días que lleva la movilización indígena en esta provincia ucayalina para conseguir la atención del gobierno nacional, ha hecho que la Asociación Indígena de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) salga a alertar sobre la posible expansión de esta protesta hacia las demás regiones amazónicas. PUEDES VER: Ministerio Público aparta a fiscal que intentó beneficiar a exalcalde Sotomayor Los pueblos asháninka, ashéninka, yine, shipibo-konibo, mashiguenga y amahuaca de Atalaya exigen titulación de sus territorios, alto a las invasiones y la deforestación, atención para los 200 indígenas del pueblo nahua en contacto inicial, contaminados con mercurio. También, condonación de multas forestales impuestas por Osinfor a las comunidades indígenas, y creación de una reserva comunal, entre otros. En conferencia de prensa, los dirigentes de Aisedep indicaron que la corrupción extendida en las regiones opera detrás de las concesiones forestales, el tráfico de tierras, la tala ilegal, y obstruye la titulación. Dijeron que la titulación de tierras indígenas es una larga deuda pendiente del Estado, que siempre se posterga con pretextos como la falta de fondos. “Hoy no hay pretextos para atender las diversas demandas de las comunidades de Atalaya, considerando que hay 20 millones de dólares para esa zona, 12 del Fondo de Inversión Forestal (FIP) y 8 millones de la cooperación japonesa (Jica)”, remarcó el sociólogo Roberto Espinoza, asesor de Aidesep. Mientras que el dirigente awajún Oswaldo Juep refirió el padecimiento de las comunidades a causa de las multas impuestas por Osinfor, las mismas que ascienden a más de 50 millones de soles. A ello se suma que sus apus afrontan procesos penales. "Es irresponsable por parte del Estado, como ente rector en materia forestal, no cumplir sus obligaciones de capacitación, asistencia técnica y freno a las mafias de tala ilegal, que debieron acompañar los planes forestales de las comunidades”, cuestionó Juep. Por su parte, la dirigente asháninka Ruth Buendía manifestó su esperanza en que el primer ministro César Villanueva acuda el 28 de agosto a Atalaya llevando el decreto que ordene instalar una comisión nacional para resolver los problemas de Atalaya y de todas las regiones amazónicas. Anotó que esta comisión debe tener mandato legal suficiente para retomar los planes y compromisos del Estado con los pueblos indígenas como los que asumió durante el gobierno de Valentín Paniagua (Plan de Acción para Asuntos Prioritarios, DS 021-2001-PCM y 072-2001-PCM) y los establecidos en la Mesa 4 de Desarrollo Amazónico (DS 117 y 211 del 2009-PCM). Estos últimos se dieron tras el conflicto de Bagua. En tanto, en Atalaya, los manifestantes dieron una tregua a solicitud de funcionarios de Osinfor para conversar sobre las multas que este organismo aplicó a las comunidades indígenas. Pero no hubo ninguna solución, según informó el presidente de la Organización Indígena Regional de Atalaya (Oira) Hestalin Ríos. “Dijeron que no es posible, que no está en sus facultades. La gente se enojó porque no llevaron una solución. Hemos dado tregua creyendo en algo positivo. Veremos qué hacemos mañana. La gente sigue concentrada”, refirió el dirigente.
