En carta enviada al embajador de los Estados Unidos en el Perú expresan preocupación por los niveles altos de metales pesados en la sangre que presenta la población indígena adyacente al Lote petrolero más grande del país. Señalan que se debe garantizar la Consulta Previa antes de la firma del nuevo contrato. También le piden concertar una reunión con el premier César Villanueva.,En el documento dirigido al embajador Krishna R. Urs, los congresistas del Partido Demócrata Raúl Grijalva, Hank Johnson, Barbara Lee, José Serrano, Jan Schakowsky, James McGovern y Mark Pocan solicitan atención para los comuneros contaminados con metales pesados y cuestionan los daños ambientales que continúan ocurriendo en la amazonia loretana. PUEDES VER: Fiscalía archivó caso de presunto enriquecimiento ilícito de García Refieren que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene registrado más de 40 derrames en los últimos tres años, desde que la empresa Frontera empezó sus operaciones en dicho Lote. Asimismo, señalan que se debe garantizar la Consulta Previa antes de la firma del contrato que otorgará licencia de operaciones a Petroperú por los próximos treinta años. “Nos llama la atención que el gobierno peruano haya anunciado que espera firmar el nuevo contrato de operaciones por los siguientes 30 años con Petroperú dentro de dos o tres meses, y no haya iniciado el proceso de Consulta Previa con las comunidades tal y como requiere la ley”, indican. Los siete congresistas demócratas también solicitan al embajador Urs que promueva una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Esto con el fin de tratar estos temas y que el gobierno peruano tome acciones rápidas para iniciar un proceso de consulta participativo, de buena fe e igualitario respecto al género. Los representantes de las federaciones indígenas de las cuencas del Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón saludaron el apoyo de los legisladores estadounidenses y expresaron su disposición al diálogo con el Estado peruano. Ellos tienen en cuenta que en octubre del año 2017, en Nuevo Andoas, el Estado se comprometió a garantizar el proceso de consulta. También recuerdan que aceptó tratar los planteamientos sociales y ambientales de las comunidades para ser incluidos en el contrato petrolero.
