Una crisis que se abre paso de la mano de una opinión pública indignada indica que por ahora valen más las voces que los votos.,El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha respaldado las marchas contra la corrupción del sistema de justicia, suscribiendo una alianza expresa con la opinión pública movilizada, apoyándose en ella, dándole voz a la calle esta crisis, y compensando un tanto su debilidad numérica frente al Congreso. Vizcarra está tomando aire fresco, pero no solo es oxígeno. Este pacto implica un giro hacia la sociedad, de lo que precisamente carecieron sus primeros 100 días de gobierno. El preludio de este hecho ya presentaba logros; de hecho, las renuncias y procesos de las últimas dos semanas, luego de la primera entrega de lo audios por IDL Reporteros, se debieron a una coincidencia tácita entre la voluntad del gobierno y la indignación de los peruanos. Hasta ahí las cosas son de manual. No obstante, el momento es inédito y ejemplar, como lo fueron los sucesos que vivimos desde las elecciones del año 2016. Es la primera vez en varias décadas que una severa crisis no tiene como centro al gobierno sino a otros poderes e instituciones, dejando a la presidencia del país con una amplia capacidad de movimiento y juego. El Ejecutivo no es parte del problema. Todavía; Vizcarra y el premier Villanueva han desplegado algunas iniciativas audaces entre ellas la de exigir la renuncia de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como elemento imprescindible de la reforma judicial. Luego, con la creación de la comisión presidida por Allan Wagner y la promesa de trazar el 28 de julio las líneas gruesas de los cambios en la administración de justicia, han inaugurado un curso de reforma que no podrá ser cerrado fácilmente sin medidas de algún calado. El gobierno resuelve en parte el problema de la etapa post PPK que era de una estabilidad un tanto vacía, sin promesas y sin centro de gravedad. Es un camino sin retorno que podría permitirle al país encarar con éxito la reforma que las sucesivas explosiones de la corrupción brasileña plantearon sin éxito. El parte de esta batalla de dos semanas es promisorio; en 14 días se ha logrado más que en 14 años. El cuadro, con el jefe de la ONPE suspendido, el CNM acéfalo, un vocal supremo a punto de entrar a la cárcel, y el Poder Judicial –sacudido– debatiendo cambios a los que se resistió varios años, para más de uno es el escenario de un desorden, pero visto en la perspectiva de la infertilidad de un sistema que se niega al cambio, más que desorden es movimiento. El Congreso está en serios problemas. Una crisis que se abre paso de la mano de una opinión pública indignada indica que por ahora valen más las voces que los votos. Fuerza Popular está siguiendo la pauta marcada por la calle y el gobierno, sin más estrategia que la defensa y la concesión, impactado por la situación de Héctor Becerril, cuya permanencia cada día en el Congreso representa el desangrado del fujimorismo. En ese escenario para el Parlamento, cualquier manual indica que la palabra clave es una negociación de poderes –en este caso para un programa de reformas pactadas– aunque es probable que la mayoría congresal intente responder con una lógica de fuerza y fricción. No quisiera un choque de poderes, pero si este se produjera, el gobierno estaría en mejores condiciones para iniciar el procedimiento constitucional de adelanto de elecciones o para ganar un referéndum. Sin proponérselo, el gobierno toma la ligera fisonomía de un gobierno de transición, una mala e incomprendida palabra en estos meses. El ciclo de reformas, acuerdos plurales, prioridades y participación de la sociedad le dan el contenido a un gobierno que está llamado a ilusionar y cambiar, una administración medio y no un fin. Esta etapa tiene un corto plazo que podría ser administrado exitosamente con las renuncias, cambios de personas y la instauración de procesos a los que cometieron delitos. Su mediano plazo son el contenido de los cambios y su profundidad. La resistencia activa a las reformas por 18 años pone sobre la mesa tal cantidad de modificaciones institucionales que bien vale volver a discutir la necesidad de un nuevo pacto constitucional entre los peruanos.
