Corte IDH respalda a víctimas ante indulto a Fujimori, dicen organizaciones

APRODEH, CEJIL, COMISEDH, IDL, entre otros, resaltan que la corte ha determinado que el indulto otorgado a Alberto Fujimori no cumple con obligaciones internacionales.,Diferentes organizaciones internacionales subrayaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha manifestado en su reciente resolución sobre el caso de Alberto Fujimori, que el indulto que recibió “no cumple con las obligaciones internacionales del Perú”. En un pronunciamiento conjunto, APRODEH, CEJIL COMISEDH, IDL, Fedepaz, entre otros, valoraron la disposición para que el Estado peruano investigue y sancione a los responsables de las violaciones de derechos ocurridas en los casos La Cantuta y Barrios Altos. PUEDES VER: Evalúan presentar acción de amparo para que Fujimori regrese a prisión “La aplicación del ‘indulto por razones humanitarias’ a Fujimori constituye un obstáculo para el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas en ambos casos y produce una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, remarcan, citando el fallo de la Corte IDH. En otro punto también recuerdan que la Corte Interamericana ha considerado en su evaluación el contexto en la cual se dio la gracia presidencial al exdictador, quien, como se recuerda, fue excarcelado en medio de una crisis política que atravesó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por un proceso de destitución por el Caso Odebrecht. El órgano supranacional ordena en su parte resolutiva que el Estado peruano deberá determinar por la vía constitucional si el indulto humanitario colisiona con los derechos de los deudos y las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos. “Al tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que, además de la situación de salud del exmandatario peruano, se tomen en cuenta otros factores como: el monto de la pena cumplida, la cooperación del condenado respecto del esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos, la reparación otorgada a las víctimas, así como el efecto que una posible liberación pueda tener sobre ellas”, se puntualiza. Cabe anotar que la Corte interamericana ha trazado un plazo, hasta el 29 de octubre del 2018 como máximo, para que el Estado y las partes intervinientes presenten un informe sobre las disposiciones expuestas para volverse a pronunciar sobre la supervisión de sentencias.