Fiscalía investiga a exprocurador y 14 exabogados del MTC

DENUNCIA. Procuraduría Anticorrupción los acusa de coludirse con privados para perjudicar al gobierno en procesos arbitrales entre 2009 y 2017.,La fiscal Janet Sánchez Porturas inició investigación al exprocurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Alan Alarcón Canchari, y a 14 exfuncionarios de dicha procuraduría y árbitros legales, para esclarecer una presunta concertación ilegal a fin de perjudicar al Estado en procesos arbitrales. La indagación nace de una denuncia por delitos de asociación ilícita, colusión y negociación incompatible con el cargo que presentó la Procuraduría Anticorrupción a mediados del año pasado, a partir de una evaluación o auditoría realizada por el Consejo de Defensa Jurídica a las actividades de la Procuraduría del MTC entre 2009 y 2017. PUEDES VER La mitad de candidatos a alcalde de Lima no tiene experiencia municipal De acuerdo con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, los ahora exprocuradores y exabogados del MTC se coludieron con personas particulares para promover procesos arbitrales en contra del Estado, asegurando que tendrían un resultado favorable a sus intereses y perjudicial para el erario nacional. PROCURADOR VALES En la denuncia inicial también estaba incluido el exprocurador Jaime José Vales Carrillo y los árbitros legales Weynden García Rojas y Randol Campos Flores, por nueve procesos arbitrales promovidos en relación con los tramos de la Carretera Interoceánica Sur, entre Urcos-Inambari e Inambari-Iñapari, por el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, vinculado a Odebrecht. Pero este tema fue desagregado y remitido al Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú. LOS CARGOS La defensa jurídica del Estado ha pedido que se investiguen tres hechos presuntamente ilícitos. Uno, el proceso arbitral seguido por la empresa Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes) contra el MTC por el tramo 2 de IIRSA Centro, por sucesivos aumentos de la pretensión del demandante, que ahora superaría los 200 millones de soles, sin la oposición de la Procuraduría y supuestamente con la participación del centro Arbitre Soluciones Arbitrales. Dos, irregularidades en los procesos de expropiación requeridos por el MTC, entre 2015 y 2017. Aquí se indica que los abogados del MTC buscaban a los titulares de los terrenos que serían expropiados y los convencían para demandar procesos de arbitraje. El tercer hecho se refiere al nombramiento de amigos (exabogados y expracticantes de la Procuraduría), como árbitros del MTC, que siempre resolvían en contra del Estado y a favor de las constructoras. Según fuentes de la Fiscalía, el inicio de las investigaciones tuvo un retraso, pues la Fiscalía Suprema tuvo que definir si el exprocurador Alan Alarcón tenía un fuero especial para ser investigado. El 22 de marzo último, el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón respondió que primero se debían precisar los cargos atribuidos al exprocurador, por lo que devolvió el expediente a la fiscal Sánchez Porturas, para la investigación previa. El exprocurador Alarcón niega todos los cargos. INVESTIGADOS -Alan Alarcón Canchari, exprocurador -Israel Stein Lavarello, exprocurador adjunto -Katty Mendoza Murgado, exabogada de la Procuraduría -Mónica López Casimiro, expracticante arbitral de la Procuraduría -Lucia Mariano Valerio, exapoyo legal en la Procuraduría -Carlos Miguel Gonzales Lacca, exabogado de la Procuraduría -Juan Miguel Rojas Ascón, exabogado de la Procuraduría -Edgar Gonzales Samaniego, expracticante de la Procuraduría -Milton Carpio Barbieri, expracticante de la Procuraduría -Héctor Ferrer Tafur, árbitro -Pedro Alvizuri Lévano, árbitro -Juan Manuel Revoredo Levano, presidente de tribunal arbitral -Víctor Huayama Castillo, árbitro -Waldir Sánchez Rangel, árbitro -Carmen Quispe Valenzuela, exsecretaria arbitral La Mermelada refrigerada Rodrigo Villarán C. Director Ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana Las recientes declaraciones del presidente del Congreso reavivaron el debate sobre la autógrafa de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. La gravedad de estas, que merecieron el rechazo del Consejo de la Prensa Peruana y de otras organizaciones, no debe, sin embargo, distraernos del fondo del asunto. El promotor de la norma sostiene que los excesos de los gobiernos pasados, incluyendo el encabezado por su propio partido, exigen medidas “draconianas” para evitar el despilfarro del presupuesto público en campañas que buscan ocultar ineficiencias en la gestión y mantener alineados a los medios de comunicación a través de la distribución discrecional de este “subsidio” económico. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esta propuesta? A entender del experimentado congresista y expresidente de Canal 7, solo alguien con un sesgo marcado. Pues bien, del otro lado de la vereda estamos quienes consideramos que prohibir -que es muy distinto a regular- la publicidad estatal es una medida desproporcionada que trae consigo una vulneración grave al derecho de los ciudadanos a recibir información y que busca enviar una señal a los periodistas y medios de comunicación críticos, lo cual quedó claramente evidenciado con las desafortunadas declaraciones del presidente del Congreso. La pauta publicitaria es una herramienta de gobierno necesaria para mantener adecuadamente informada a la población sobre los programas, políticas y servicios que brinda el Estado. Y procurar suplirla mediante la difusión de las “tareas de gestión” a través de redes sociales o de los medios estatales, resulta insuficiente, como se ha demostrado con datos objetivos. Si bien coincidimos con el congresista en la necesidad de regular la materia para evitar la distribución arbitraria de recursos públicos para “premiar” o “castigar” a los medios en función a su línea editorial, consideramos que lo que corresponde es que el Ejecutivo convoque a un debate que incluya a representantes del Congreso, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y medios de comunicación públicos y privados, y que conduzca a la aprobación del reglamento de la Ley 28874 que regula la materia desde el 2006. Dicha medida permitirá que centremos nuestros esfuerzos en fiscalizar su adecuada implementación.