La lucha contra la corrupción es legítima cuando se respetan los derechos [VIDEO]

Ernesto Blume Fortini. Presidente del Tribunal Constitucional. Votó a favor del Hábeas Corpus para dejar sin efecto la detención preventiva del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.,¿Vamos a hablar del caso, no?, pregunta Ernesto Blume antes de la entrevista y trae una copia de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que otorga la libertad al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. Desde Arequipa, donde sesionó el TC, el magistrado admite que la decisión no ha sido popular y cita un caso paradigmático de la justicia norteamericana en la década del sesenta, el de Ernesto Miranda, a quien sentenciaron y encarcelaron sin respetar sus derechos. Luego la Suprema norteamericana rectificó y dijo, "toda persona detenida merece un trato humano". En su momento, la enmienda generó indignación pero a la larga se convirtió en base esencial del respeto a los derechos humanos. Blume dice respetar la posición discrepante de sus colegas que votaron contra el hábeas corpus, sin embargo, aclara, la posición mayoritaria y oficial del TC está inspirada en la Constitución, normas procesales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo, etc. PUEDES VER: Ollanta Humala y Nadine Heredia recuperan su libertad este lunes La decisión del TC deja dos lecturas. Una, no se puede abusar de la prisión preventiva, pero las opiniones contrarias afirman que se dinamitó la lucha contra la corrupción debilitando la figura de la prisión preventiva. En una democracia auténtica no se puede avasallar los derechos. Una lucha contra la corrupción es legítima cuando también se respetan los derechos fundamentales (…) Sobre la prisión preventiva, se debe entender que es una figura excepcional. Requiere elementos contundentes para darla, como la existencia de graves elementos de convicción de la autoría del delito, sanción superior a 4 años y peligro de fuga u obstaculización de la justicia. Para cambiar de comparecencia a prisión preventiva (como se hizo con Humala) se deben acreditar nuevos elementos de juicio. Porque la prisión preventiva es como una pena anticipada. Sin que exista acusación fiscal, sin proceso judicial donde se arribe a una conclusión o apelación de la sentencia, una autoridad ordena la privación de la libertad. Hemos revisado el caso y vemos que esos elementos no se dieron. El juez y la sala que revisó la prisión preventiva no fueron prolijos en hacer una calificación cualificada (…) ¿Entonces el Poder Judicial no respetó el derecho de defensa de Humala y su esposa? Por ejemplo, se debían evaluar las pruebas de cargo y descargo presentadas por las partes. Lo hizo la defensa de los Humala y la sala dijo que no podía atenderse lo solicitado, argumentando que el escenario cautelar no requiere consolidación probatoria (que dichos elementos podían analizarse en otras etapas). Es como si la sala hubiese dicho: no escucho lo que dicen los supuestamente implicados. ¿Esta argumentación es constitucional? No valorar las pruebas de descargo es inconstitucional, solo se están considerando elementos de juicio aportados para justificar la prisión. No se puede negar el derecho a ofrecer una prueba. Acá no tienen nada que ver los personajes involucrados. El juez Sergio García dijo que la prisión preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre, de la prisión punitiva. Ambas son privación de la libertad y se desarrollan en pésimas condiciones. ¿Cómo podemos ser ligeros en jugar con la libertad? Nuestra sentencia defiende los derechos humanos (…) El ser humano es anterior y superior al Estado. No estamos en una sociedad de juicio mediático donde una mayoría dice que hay que condenar. Los magistrados que votaron en contra sostienen que este fallo cambia la línea jurisdiccional del TC sobre la prisión preventiva. Respeto ese punto de vista pero creo que se robusteció la protección a los derechos humanos. Un juez constitucional no persigue delincuentes, sino protege el derecho fundamental invocado por la parte demandante. Si vamos a otro eje de preocupación dejamos de ser jueces constitucionales. Nuestra función está constreñida a determinar si el derecho fue violado o no. Nosotros no protegemos ni alentamos la corrupción. Esa es una percepción equivocada. Es falso que esta sentencia abra las puertas a todos los delincuentes, como se ha dicho. No nos hemos pronunciado sobre si el señor Humala y esposa son culpables. Ellos serán investigados. Acá hay un detalle; los fiscales aún no prepararon el caso, nada concreto que se traduzca en una acusación. Luego vendrá el proceso y se hablará si esas personas son culpables. Mientras no haya eso, la Constitución dice que es un derecho fundamental la presunción de inocencia. Es el Ministerio Público el que debe derrotar esa presunción con pruebas demostrativas. Pero la prisión preventiva se da en una etapa preparatoria. ¿Garantiza que el investigado no fugue u obstaculice a la justicia? Es cierto, pero tienen que tener una fundamentación que amerite. La regla es investigar en libertad, la excepción es investigar bajo prisión preventiva. El Ministerio Público postuló como pruebas de entorpecimiento los audios del caso Madre Mía que involucran a Humala y su entorno en una compra de testigos para salir absueltos. También las agendas de Nadine Heredia. ¿Por qué para el TC no lo son? Sobre los audios, sostuvimos que no solo se trata de invocar su existencia. La persona investigada debe reconocerlos en una diligencia judicial. Eso no se dio pese al pedido de la defensa. El título preliminar del código procesal penal, que debe conocer todo fiscal y juez, dice: “todo medio de prueba será valorado solo si fue obtenido e incorporado al proceso constitucionalmente legítimo”. Imaginen si a una persona le imputan un delito presentando un audio donde se dice que su voz dice tal cosa. Tienen que llamar a la persona, hacerle escuchar, que dé una explicación. Eso manda el debido proceso. La integrante del TC Marianella Ledesma señala que este acto demoraría mucho y el investigado podría fugar. Respeto mucho las posiciones discrepantes de los votos singulares. Nosotros consideramos en este caso concreto que no hay peligro de fuga ni de obstaculización. ¿Pero puede sentar precedente sobre casos similares? No se puede pensar con esa lógica. Al juez le corresponde hacer un análisis peculiar de cada caso. El fiscal es responsable de acreditar cada prueba. Toda investigación penal se realiza en el marco del principio pro reo. Si todas las conquistas que ha logrado la Constitución peruana no valen, porque hay un juicio mediático donde la mayoría lleva a la hoguera a una persona sin un juicio, no sé si estamos en una sociedad civilizada. La forma de legitimar la lucha anticorrupción es respetando los derechos. Podría pasar que una instancia internacional ordene una rectificación. Entonces apareceremos como un Estado infractor de los derechos fundamentales. (...) Desde mi punto de vista, esta es una sentencia trascendente que marca un hito en el desarrollo de la lucha contra la corrupción en el Perú. ¿En qué sentido? En un marco constitucional, los procesos penales serán mucho más efectivos y no tendrán que corregirlos en instancias superiores o el sistema Interamericano. La Fiscalía tendrá que ser cuidadosa. ¿La sentencia es un jalón de orejas para la fiscalía, juzgado y sala que vieron el caso? No quiero adjetivar. Me estoy refiriendo a un caso concreto. Se ha dicho que cómo es posible que intervinieran 13 jueces y luego el Tribunal Constitucional les rectifique. Ese argumento es deleznable. El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera un derecho. ¿Dónde está el criterio de la justicia? ¿En el número? Acuérdese, a Cristo lo condenó una muchedumbre porque todos aplaudían. No olviden eso. Las sociedades más avanzadas respetan los derechos fundamentales nos guste o no. En la entrevista ha hablado sobre el juicio mediático. ¿Se sienten presionados por los medios antes de tomar una decisión? Muchas veces existen corrientes de opinión muy marcadas que se fomentan desde diversos frentes, en donde se actúa en base a presunciones. Se construye una hipótesis en un sentido y eso se considera como cierto, sin que eso sea necesariamente así. Se condena inocentes o se absuelve culpables. Los administradores de la justicia no podemos guiarnos por juicios paralelos y actuar con subjetividad. Sería muy fácil para un juez estar con la corriente general, pero la entereza y principios se prueban cuando hay una coyuntura en donde hay que decir una verdad, aunque no sea comprendida. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, siento que cumplí a cabalidad con mi rol. Las agendas de Nadine Heredia y su actuación fueron ofrecidas como otro elemento de convicción de que entorpecía la justicia. La señora Heredia ha sido sindicada de distorsionar su caligrafía para que no se identifique lo que ella presumiblemente habría escrito en esas agendas. En el mundo del derecho el inculpado muchas veces varía su versión o habiendo firmado lo desconoce. Ese no es un elemento contundente de reconocimiento de responsabilidad. En la sentencia se habla sobre ese punto, les invito a leerla en la web del TC. La doctora Ledesma señala que si el TC dice que mentir es irrelevante, ¿qué conducta se le puede pedir a un procesado? No me voy a referir sobre lo que dice la doctora. En la sentencia, el fundamento 109 señala que los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con declaración o conductas que no se acercan a la verdad no pueden ser interpretados como un peligro de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva. Eso ya lo dijo el tribunal antes en otras sentencias. Eso amerita una investigación, pero no necesariamente una encarcelación. ¿Pero eso entorpece la investigación? No, porque ese es el derecho de la persona. Quien está sometido a una investigación puede cambiar su versión. Yo no le niego que eso no traduzca en un nivel de responsabilidad, pero no es proporcionalmente aceptable que esa situación amerite la detención. El tribunal no juzga y no declara la inocencia o culpabilidad. ,