También hay que lamentar que no se haya procedido a la reprogramación desde el momento en que se presentaron los saldos negativos. Se han perdido dos años de mayores ingresos fiscales.,El 26 de setiembre de 1994 se publicó el DS-126-94-EF, que reglamenta el Art. 34 de la Ley de IGV. Este DS explica por qué han sido tan grandes las devoluciones del IGV a las empresas exportadoras en los últimos años. Estas devoluciones, sumadas a la caída de los precios de las materias primas y a los errores en las políticas económicas del gobierno de Ollanta Humala y de PPK, explican en gran medida esa caída de la recaudación fiscal del gobierno general, que ha pasado de 22 a 18% del PBI desde el 2013 al 2017. Como dice Cooperacción: del 2012 a 2017 la SUNAT devolvió IGV por S/. 72,319 millones de soles, la misma que creció en los últimos años: el 44% del total se devolvió en el 2016 y 2017. La devolución del IGV al sector minero ha sido la más alta con S/. 21,640 millones del 2012 al 2017 (www.cooperaccion.org.pe). Estas devoluciones se aplican bajo el lema: “no se exportan impuestos”. La premisa básica es que si se venden los productos con el IGV incluido, el producto exportado se encarece y pierde competitividad frente a los productos de otros países que sí devuelven el IGV. Por tanto, la premisa es coherente. No lo es que los montos devueltos a los exportadores, principalmente los mineros, sean superiores a los impuestos pagados, de tal manera que el aporte tributario se vuelve negativo. Así, en el 2016, las devoluciones (5,889) fueron superiores a los aportes (4,307) en S/. 1,582 millones. Esta es una de las causas de la caída en la recaudación. Y esto preocupa al gobierno, que ahora busca reducir el gasto corriente y las exoneraciones tributarias para lograr mayores ingresos. Si esto es así, debería también atacar el tema de las devoluciones. ¿Por qué son tan altas en el Perú? Aquí volvemos al DS-126-94 que, en su Artículo 4 dice que la compensación o devolución tiene como límite un porcentaje equivalente al 18% del IGV realizado en el periodo. Más adelante, el DS 126 precisa que la devolución ocurrirá en un plazo que puede ser entre 24 a 48 horas de realizado el pedido de devolución por parte del exportador. Sobre la base de este marco jurídico las empresas pagan IGV cuando adquieren bienes y servicios, lo que el fisco les devuelve una vez exportado el producto (o el mineral). Estos montos tienden a ser más o menos “normales” y no son muy altos. En el caso de la minería, la cosa cambia cuando se pone en marcha una mina nueva, como Las Bambas, para citar a la más grande: su construcción duró 10 años y la inversión fue US$ 10,000 millones. Allí hay que pagar IGV para los bienes y servicios adquiridos: construcción del tajo, materiales, edificios, carreteras, viviendas y servicios diversos. El IGV se va acumulando hasta que mina está lista para comenzar a producir. Allí, el exportador le dice a la SUNAT: ?Devuélvame el IGV que he pagado”. Si agregamos otros proyectos de los últimos años como la Ampliación de Cerro Verde, Constancia y Toromocho, a los que se suman la ampliación de Antamina y Toquepala, entonces las devoluciones crecen fuerte. ¿Qué puede hacer el gobierno? Varias cosas. En primer lugar, debe saber que ya no estamos en 1993 o 1994, cuando había urgencia de “atraer la inversión extranjera otorgándole incentivos”. En segundo lugar, el gobierno puede recalendarizar, diferir o reprogramar el pago de las devoluciones estableciendo que no puede haber saldos fiscales negativos. El refuerzo de este planteamiento viene porque hay una situación excepcional provocada por el desastre natural del Niño Costero y que el gobierno debe cumplir con la reconstrucción del país. Esta reprogramación puede significar un alivio inmediato de varios miles de millones de soles. En tercer lugar, el gobierno lo puede hacer con la expedición de un Decreto Supremo que modifique el DS 126 94. Por tanto, su entrada en aplicación es inmediata. Para terminar, es lamentable que no contemos con un análisis detallado de las partidas que estructuran el total de devoluciones –de todos los sectores, incluido el minero- para saber su composición (hay quienes piensan que las devoluciones pueden estar “infladas”). Este gobierno debe promover la transparencia y hacer pública la composición de los montos devueltos. También hay que lamentar que no se haya procedido a la reprogramación desde el momento en que se presentaron los saldos negativos. Se han perdido dos años de mayores ingresos fiscales. Esa característica de privilegio al sector empresarial debiera ser abandonada por el Presidente Vizcarra. No perdamos más tiempo.
