ALBERTO VEGA SÁNCHEZ. Ex jefe del Órgano de Control Institucional de la Contraloría.Alberto Vega Sánchez, ex jefe del Órgano de Control Institucional de la Contraloría señaló que tanto el Congreso como la Contraloría se cubren entre ellos.,El Congreso y la Contraloría se encubren para no ser fiscalizados y la reciente Ley de Fortalecimiento de esta última solo regulariza la falta de fiscalización que viene de años atrás. Así lo manifestó el ex jefe del Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República Alberto Vega Sánchez. PUEDES VER Ecoteva: Suiza entregó la información de la cuenta de Confiado International ¿Cree que la reciente Ley de Fortalecimiento de la Contraloría mejorará el trabajo en esa institución? Esa norma es un engaño. El mismo contralor Nelson Shack ha reconocido que desde hace muchos años el reglamento del Congreso, en su artículo 39, estipula que la Mesa Directiva, a propuesta del presidente del Congreso, nombra al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI). La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control fijaba en el artículo 19 que era la Contraloría la que designaba o separaba a los jefes de OCI de todas las entidades públicas, pero esa norma no era cumplida por el Congreso. Si el Congreso no cumplía esa ley, ¿por qué la modificó? La Ley de Fortalecimiento solo está regularizando un hecho irregular que ya se estaba dando, que nadie conocía, pero que ahora se ha puesto en evidencia. El presidente Martín Vizcarra seguro no lo sabía, pero los que sí lo conocían eran Nelson Shack y Luis Galarreta. ¿Se está desnaturalizando el sistema de control? Así es. No solo es el Congreso el que tiene la potestad de nombrar a su jefe del OCI. En la misma condición está la Contraloría. Según las directivas de los OCI, que reportan a la Contraloría, estas tienen independencia técnica, autonomía funcional y potestad para fiscalizar todos los actos de las entidades públicas a las que están auditando y a todos los funcionarios cualquiera sea su jerarquía. Así dice la norma. ¿Por qué no se ha podido dar independencia económica a los jefes de los OCI? Ahí vamos. Cuando la Contraloría pide mayor presupuesto, que se ha incrementado cuatro veces desde el 2009, uno de los argumentos ha sido la intención de que los jefes de los OCI dependan económicamente de la Contraloría. Con el presupuesto que ya le han aumentado debería haber muchos más jefes de los OCI en la planilla de la Contraloría, pero eso no ha sucedido. ¿La Contraloría ha tenido recursos para ello? Claro. El presupuesto ha subido de 140 millones a más de 500 millones. Pero como nadie fiscaliza, han incorporado solo a algunos. El Sistema Nacional de Control abarca 3.400 entidades públicas, pero, según Shack, solo hay 900 entidades que cuentan con un OCI, cuyos jefes están en el más alto nivel de jerarquía para asegurar su autonomía funcional. Sin embargo, no son ni 400 los jefes de los OCI que dependen funcionalmente y económicamente de la Contraloría. A los 500 restantes les paga la entidad que fiscalizan. Reportan a la Contraloría, pero está claro que hay una dependencia. ¿La norma no permite la vigilancia de la propia Contraloría entonces? La Contraloría ha puesto en su Reglamento de Organización de Funciones (ROF) y en su Manual de Organización de Funciones (MOF) que el jefe del OCI depende del contralor. Y en el caso del Congreso, el artículo 39 de su reglamento dice que el jefe del OCI es nombrado por la propia Mesa Directiva. ¿Se trata, la Contraloría y el Congreso, de las dos únicas entidades públicas que escapan al control? ¿Eso es correcto? Efectivamente. De todas las entidades, son los únicos exceptuados de control. ¿Y eso qué le sugiere a usted como ex jefe del OCI? Que estamos en un peligro tremendo. Desde su experiencia, ¿diría que hay una suerte de entendimiento entre la Contraloría y el Congreso? La fiscalización de la Contraloría es responsabilidad del Congreso, pero esto queda en nada si ambas instituciones han quedado en no fiscalizarse. El jefe del OCI no puede controlar a su jefe... Claro, porque se juega su propio puesto. Si lo hace, lo cambia. El Congreso y la Contraloría se están encubriendo mutuamente para no fiscalizarse. ¿Y qué se puede hacer ante lo que usted advierte? Lo que debió hacer la Contraloría es no exceptuarse. La ley debió revisarse bien y debió decir que la Contraloría es el ente responsable de nombrar a los Órganos de Control de todas las entidades. ¿Y para el caso de la propia Contraloría? Para el caso de la Contraloría, el jefe del OCI debería ser designado por el Congreso y darse cuenta, además, a la Comisión de Fiscalización. ¿Quién puede ser identificado como el responsable de esto? Ambas instituciones tienen responsabilidad por no poner la voz de alerta, pues son ellas las encargadas de proteger al Estado. Como ya le dije, ahora la Contraloría tiene más dinero en su presupuesto y la han exonerado de las medidas de austeridad. Y ese es dinero que necesita ser vigilado para su adecuado uso. (La Contraloría) puede comprar bienes y servicios por adjudicación simplificada, sin comité de selección. Nadie la controla y nadie se preocupa por ver quién designa a la empresa que audita los estados financieros de la entidad. ¿Le parece que no hay una real intención de luchar contra la corrupción? Sucede que en siete años de manejo de la Contraloría, que es el tiempo que dura la gestión del contralor, se recaba mucha información y se consiguen informes de auditorías de casi todos. Sin embargo, de pronto el contralor recibe la queja de algún amigo suyo contra un auditor y lo cambia sin problemas. Luego, cuando ese amigo ya no es congresista, alcalde o presidente de un directorio, ahí sí aparecen los informes. Ha pasado, ¿no? Así es como trabajan. El caso de Edgar Alarcón fue un golpe contra la entidad. En la Contraloría se rotan los puestos. Cuando algún funcionario tiene una denuncia grave, ¿qué hacen? Lo separan por un tiempo o lo cambian de puesto hasta que pase la tormenta, pero sigue. No olvidemos que Alarcón trabajaba desde 1997, o sea más de 20 años, y era gerente administrativo. La situación es dramática.
