Mea culpa. Ministra Cooper reconoció que el decreto no pudo garantizar cadena de pagos. Sin embargo, Congreso logró modificar el proyecto en 4 puntos y seguirá siendo debatido.,Prorrogarán por 30 días el Decreto de Urgencia 003, a fin de seguir debatiendo el proyecto de ley del Ejecutivo, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía. Este fue el acuerdo de la sesión conjunta de las comisiones de Justicia y de Economía que se realizó ayer y en la que estuvieron presentes la ministra de Economía, Claudia Cooper, y el ministro de Justicia, Enrique Mendoza. PUEDES VER Gobierno extenderá el Decreto de Urgencia 003 por 30 días [VIDEO] Después de siete horas de debate, en el que la mayoria de los congresistas cuestionó varios aspectos del proyecto, se logró esta decisión que será transitoria y con la modificación, en principio, de cuatro aspectos. Entre los cambios al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, figura que existirá la obligación de las empresas de señalar su estados financieros y cualquier movimiento que realice ante el Ministerio Público y el Poder Judicial con mandato judicial. También se eliminará la figura del silencio administrativo positivo, es decir, ya no se aprobará la solicitud de la empresa de realizar transferencia al exterior por concepto de pago de deuda de acreedores que no sea respondida en un plazo de 20 días por el Ministerio de Justicia. Además, respecto a la contratación de consultores, se indicará en el proyecto de ley que no tengan conflicto de intereses con las empresas involucradas en el caso de corrupción Odebrecht. Asimismo, se incluirán las anotaciones preventivas en los Registros Públicos que permita informar a quien vaya a comprar propiedades de la brasilera Odebrecht y de sus consorciadas o asociadas, a fin de que se sepa que están afectadas por procesos judiciales. Con estos aportes se ha elaborado un predictamen que deberá presentarse en la proxima sesión conjunta de ambas comisiones, para elaborar un dictamen de ley que será debatido en el Pleno del Congreso de la República. Durante el debate, la ministra Cooper dijo que el proyecto del Ejecutivo no busca encubrir a ninguna empresa ni generar impunidad, sino por el contrario, se orienta a proteger la cadena de pagos. Mea culpa Cooper reconoció que el Decreto de Urgencia 003 no garantizó la continuidad de los proyectos y no evitó la ruptura de la cadena de pagos, lo cual ha dejado a cientos de empresas en situación de quiebra. Tras el debate, manifestó sentirse satisfecha y sostuvo que la reunión demostró que el Ejecutivo y el Congreso pueden trabajar juntos. "Hemos acordado la prórroga del DU 003 por 30 días más, mientras tenemos un debate del proyecto de ley que hemos enviado. Esto es absolutamente importante porque necesitamos una ley, una norma que tenga la fortaleza suficiente para darle predictibilidad a los agentes económicos y puedan tomar decisiones que les permitan garantizar la cadena de pagos y sus inversiones", dijo Cooper. Por su parte, el ministro Enrique Mendoza agregó que la norma que vence hoy se prorrogará por 30 días más a efectos de permitir que las modificaciones que se hagan se realicen del mejor modo y de la manera más estudiada posible. La ministra se comprometió con la oposición a entregar información oficial respecto al impacto económico del DU 003 y las obras de infraestructura viculadas con las empresas. Existen S/30 mil millones en inversión pública comprometidos La ministra Cooper informó que existen 30 mil millones de soles en inversión pública comprometidos por 30 empresas. Indicó que esta cifra representa casi todo el presupuesto de inversión en 2018 y si el gobierno no hace algo al respecto, habrá más obras paralizadas porque las empresas no pueden seguir operando. Explicó que existe 11 mil millones de deudas en el sistema financiero, producto de esas empresas. Indicó que si bien este monto no representa un problema sistémico en el sistema financiero, representa el 4.3% del saldo total de los créditos. Agregó que existirían casi 53 mil empleos en riesgo, debido a que las nueve empresas más grandes están implicadas en temas de corrupción y podrían verse obligadas a quebrar.
