Segundo intento. Ministerio de Economía plantea que, por ley, a empresa brasileña se le retenga el 50% del precio de venta de la hidroeléctrica de Chaglla y de sus otros proyectos.,A solo seis días de que venza el decreto de urgencia 003, que regula el pago de reparaciones civiles a favor del Estado por parte de empresas corruptas, el Ejecutivo presentó la norma que lo reemplazaría. No se trata de otro decreto de urgencia, algo que hubiese resultado más rápido, sino de una ley propuesta al Congreso. Se titula “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía”. PUEDES VER MEF: La economía peruana habría crecido un 2,5% y no 2,7% durante el 2017 Está en manos del Parlamento discutirla y votarla en menos de una semana. El nuevo dispositivo trae algunas novedades respecto al decreto vigente. La primera es la introducción de una nueva clasificación de empresas según tres tipos: 1) las condenadas o que han confesado actos de corrupción (Odebrecht, por ejemplo), 2) las asociadas o consorciadas, sin importar el porcentaje de participación que hayan tenido en los consorcios (Graña y Montero, por ejemplo) y 3) las investigadas por el Ministerio Público (Obrainsa, por ejemplo). Las dos primeras están obligadas a destinar una parte de sus utilidades a un fideicomiso (depósito en el Banco de la Nación) que servirá, si se dictan sentencias condenatorias, para reparar al Estado peruano. Las investigadas podrán alimentar un fideicomiso voluntariamente, en cuyo caso recibirán beneficios. La segunda novedad de la norma es la fijación de un porcentaje de retención en la venta de los proyectos gestionados por las empresas condenadas o confesas. “La idea es retener el 50% de esa utilidad”, dijo ayer la ministra de Economía, Claudia Cooper. Esto no existe en el actual decreto. Así, por ejemplo, si se concreta la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, hoy administrada por Odebrecht, a los inversionistas chinos que están interesados en ella, la mitad del precio de venta iría al fideicomiso y luego, cuando la brasileña sea condenada, al Estado como reparación civil. Para las empresas asociadas y las investigadas fijarán montos de fideicomisos que varían de acuerdo a cada caso. Otro cambio es la creación de un sistema de colaboración eficaz para las empresas involucradas en actos de corrupción. “En la medida en que el fiscal llegue a un acuerdo con la empresa, puede haber mejores condiciones para la retención o para la reparación civil”, explicó Cooper. Las empresas comprendidas en este beneficio, añadió, serán intervenidas por “veedores” o auditores “de primer nivel” que recogerán la información financiera real. Así, el Estado se aseguraría de tener información financiera real. Socias de Odebrecht seguirían contratando con el Estado - El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Fianzas propone que las empresas socias de las condenadas o confesadamente corruptas puedan seguir contratando con el Estado. - La República le preguntó a la ministra Claudia Cooper por el sentido de este planteamiento. Ella respondió: “Tú lo que buscas es salvar la unidad productiva, en los casos de corrupción en el mundo las empresas siguen vivas: Volkswagen, Siemens y muchas otras”. - “Lo que quieres –añadió– es que esa empresa sobreviva con un mejor gobierno corporativo. Y las que quieran seguir operando con el Estado van a tener que entrar en un proceso de calidad”.
