Determinar si el autodenominado “indulto humanitario” al ex presidente Fujimori afecta –o no– normas internacionales y sentencias ya dictadas por la Corte Interamericana es algo que será determinado en las próximas semanas por el mismo tribunal. Podrá hacer uso –o no– la Corte de decisiones previas en las que, por ejemplo, ha dejado establecido el concepto de que “el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”. Podrá pronunciarse también, eventualmente, también sobre la validez jurídica de “gracia presidencial” que ha determinado que el indultado no sea procesado en el caso Pativilica. A no dudarlo, la eventual falta de colaboración por el Estado, si el gobierno opta por impedir que la Corte conozca el expediente por el que se dispuso el indulto, pesaría en su contra. No voy a incidir en esta nota, pues, sobre los aspectos jurídicos del caso. A lo que el tribunal resuelva habrá que remitirse así como a su pleno cumplimiento por el Estado como corresponde a un país que respeta el derecho internacional y su Constitución. Y en concordancia, también, con los criterios ya adelantados por el presidente del Poder Judicial, el Defensor de Pueblo y el presidente del Tribunal Constitucional en el sentido de que los fallos del tribunal interamericano deben cumplirse. Más allá de lo jurídico, hay otros asuntos, que son medularmente éticos y que tienen que ver con asuntos que no son de poca monta como la perversión del poder y las amenazas del “grave riesgo de fractura social” que algunos han detectado certeramente en el indulto express navideño dispuesto en beneficio de alguien que no fue condenado por “excesos o errores” o por robar una jaba de manzanas sino por muy graves crímenes. Esta semana se ha conocido una clara posición pública expresada por más de 500 profesionales de la psicología aporta elementos de reflexión sobre aspectos que han quedado en segundo plano por los análisis jurídicos. Creo indispensable recoger algunos de esos conceptos pues merecen mayor difusión y análisis. Me remito a transcribir los tres aspectos que creo más relevantes de ese pronunciamiento sobre lo que es, en esencia, una cuestión de ética. 1.- Retroceso en la justicia. “… hemos asistido los últimos días a un elevado grado de perversión del uso del poder en el Perú. Es perturbadora la evidencia de cómo el presidente ha actuado en su beneficio y en beneficio del expresidente Fujimori, sentenciado por delitos considerados de lesa humanidad. El resultado es la grave interferencia y modificación de los efectos de resarcimiento psicológico y moral que emanan de la justicia, además de hacernos retroceder años de severo esfuerzo por lograr procesos judiciales justos y transparentes”. 2.- Golpe a la confianza ciudadana. “Es necesario recordar que fue Kuczynski, de candidato, quien buscó a las víctimas del fujimorato y firmó un acuerdo con ellos donde se comprometía a no dar el indulto a cambio de recibir sus votos. Romper una promesa tan delicada –lo decimos con certeza– es asestar un grave golpe en el mismo núcleo de la confianza, componente esencial para la construcción de cualquier vínculo, incluyendo el que forjamos con nuestros políticos. Al golpear la confianza, se dañan los vínculos necesarios para construir y afirmar la democracia”. 3.- Reconciliación y verdad. “La reconciliación, que significa una nueva convivencia entre víctimas y victimarios, no se impone por decreto ni al margen de la ley. Debe partir del reconocimiento de la verdad histórica y sostenerse en la equidad y la justicia. No habrá reconciliación mientras unos sean escuchados y otros acallados, mientras algunos privilegiados sean sujetos de derecho y otros estén sujetados al abuso de poder… La distorsión de la verdad ataca nuestra capacidad de pensar y nuestra memoria, niega la verdad de la historia y vuelve a violentar el recuerdo del secuestrado, del desaparecido, del torturado, del ejecutado y del calcinado”.
