Balances. Informe ante la Sociedad Interamericana de Prensa da cuenta de proyectos de ley e intentos de boicot publicitario del Congreso en perjuicio del libre ejercicio del periodismo.,Los reiterados proyectos de ley surgidos desde la bancada de Fuerza Popular y el discurso orientado al boicot publicitario contra los medios fueron reportados como amenazas contra la libertad de expresión, en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en EEUU. En el informe de balance sobre la libertad de prensa en el Perú, leído ayer por Fernando Berckemeyer, director del Diario El Comercio y vicepresidente para el Perú de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, se dio cuenta de hasta seis proyectos de ley presentados por el partido fujimorista en contra de la prensa. PUEDES VER La concentración de medios amenaza la libertad de expresión, sostienen expertos Una de estas iniciativas corresponde a Héctor Becerril, quien en marzo propuso que las empresas dedicadas a la publicación de diarios o revistas destinen un 2% de sus ventas anuales a un fondo de seguro social de los canillitas. En junio, los fujimoristas Miguel Castro y Carlos Domínguez tramitaron otro proyecto, planteando que el canal de televisión del Estado destine más horas de programación para cubrir las actividades del Ejecutivo, el Poder Judicial y el mismo Congreso. También en junio, el Congreso aprobó el dictamen de un proyecto del legislador Marco Miyashiro, el cual otorga mayor participación a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en temas de la seguridad digital, sin que exista una política nacional de ciberseguridad. De hecho, en mayo, cuando una delegación de la SIP visitó Lima, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Roberto Rock, advirtió “un activismo en el Congreso que ha generado al menos seis iniciativas de ley que consideramos son lesivas a la libertad de expresión”. Retorno a los noventa También se dejó constancia de la reciente intervención desde la presidencia del Congreso para la puesta en marcha de un boicot publicitario. “La actitud del congresista (Luis) Galarreta, reminiscente del boicot publicitario alentado contra la revista Caretas por el entorno y altas autoridades del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, representa una preocupante amenaza a la libertad de expresión”, dice el informe. El 16 de octubre, Galarreta hizo tal pedido de recorte publicitario, en protesta contra los textos del columnista Rafo León, quien firma en Caretas como "La China Tudela". “Se trata de una columna satírica, una caricatura, y debe juzgarse en ese sentido. Puede no gustar, a veces ser muy mordaz, pero es una caricatura. Por eso nos parece gravísimo que el presidente del Congreso proponga un boicot publicitario contra su autor y el medio que la pública”, explicó al respecto el director de Caretas, Marco Zileri. Otras represalias Entre las acciones reportadas como actos contra la libertad de expresión también está la decisión unilateral del presidente del Congreso de cambiar en la sede del Congreso el nombre de la sala Gustavo Mohme Llona, en homenaje al fundador de La República. “El 7 de septiembre, un grupo de diez congresistas representantes de todas las bancadas enviaron una carta al presidente del Congreso solicitándole que reconsidere la decisión por considerar que 'puede entenderse como una agresión a la defensa de la libertad de expresión'", se reseña. La decisión de Galarreta se dio luego de reiterados mensajes de rechazo que hizo contra las publicaciones e investigaciones periodísticas que realiza este diario, comprometiendo al partido Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori. Demanda constitucional pendiente de resolución En la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se volvió a abordar la demanda constitucional suscrita por ocho periodistas, contra la adquisición del Grupo Epensa por parte del Grupo El Comercio. En el informe se hizo hincapié en el pedido del Grupo La República, así como del grupo El Comercio, para que el Poder Judicial resuelva el fondo de esta controversia a la brevedad, sin seguir incurriendo en una demora que ya ha sobrepasado los plazos razonables. Como se recuerda, los dos grupos empresariales respaldaron una anterior resolución aprobada en la asamblea de México, donde ya se invocaba al Poder Judicial no demorar más en esta decisión.
