Volver a ser alcalde postulando a regidor, por César Azabache Caracciolo

El sistema electoral debe proteger a los electores. En estos tiempos, esa protección debe prestar especial atención a la publicidad política engañosa.

La ley de partidos políticos prohíbe expresamente este tipo de publicidad (artículo 42, segunda parte, literal b). Esa prohibición justifica intervenciones del Jurado dirigidas a impedir que los electores sean inducidos a error por campañas basadas en proposiciones distorsionadas.

La campaña de López Aliaga ha sido un caso bastante claro de publicidad política engañosa. Desde marzo de 2015, la Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes en la misma jurisdicción (artículo 194). Pero en su campaña él sostuvo que el último alcalde elegido puede volver a ser alcalde en la misma plaza postulando a regidor. Dijo que hay precedentes que apoyan esto y no es cierto. Los precedentes confirman que los últimos alcaldes electos pueden postular a regidores en las mismas localidades, pero no saltar de allí al sillón municipal. Los cinco alcaldes que fueron elegidos regidores en el 2018 no volvieron a la alcaldía. El Jurado no le ha entregado credenciales de alcalde a la misma persona dos veces seguidas en la misma jurisdicción desde que la prohibición existe.

El Jurado debió intervenir en cuanto se lanzó esa campaña para dejar las cosas en claro. Pero no lo hizo.

El 23 de octubre, el Pleno del Jurado confirmó una orden de retiro de publicidad colocada en Víctor Larco a favor del último alcalde electo en la zona, León Clement, que anunciaba su intención de volver a ser alcalde postulando a regidor. El 6 de noviembre el Jurado anunció que había decidido que no se entregarán credenciales de alcalde a los últimos alcaldes de la zona que hayan ganado un asiento como regidores en la misma localidad. A ninguno.

Las dos declaraciones llegaron a esta historia demasiado tarde.

Estas dos aclaraciones debieron hacerse desde el principio del proceso y no al final porque formaban parte de la información que todos los electores debían recibir para decidir por quién votarían. El silencio del Jurado ha funcionado como una forma de respaldo a lo que esas campañas ofrecían. De esa manera, el Jurado ha terminado involucrado en una omisión de serias consecuencias institucionales.

Se pudo intervenir en esas campañas al principio del proceso, cuando se confirmó que los últimos alcaldes elegidos sí podían postular a regidores. La presidencia del Jurado pudo precisar claramente que por esa ruta no volverían a ser alcaldes. O al menos confirmar claramente que el Jurado estaba estudiando aún el tema, que no era seguro y seguía en debate. Pero en cualquier caso, aun con el asunto en duda, no podía admitirse que se mantenga publicidad que ya había resultado engañosa.

Hubo más ocasiones. El 1 de setiembre, el Jurado autorizó la postulación de Baca Palacios, el último alcalde provincial de Morropón, a regidor. Además de su candidatura, el caso comprendía la publicidad en que anunciaba que postulaba para volver a ser alcalde. El Jurado postergó su decisión sobre este asunto a pesar de que el proceso de elecciones estaba sujeto a un calendario electoral inamovible.

Antes del debate de Lima, catorce organizaciones políticas, además de Transparencia, pidieron al Jurado aclarar si López Aliaga podía llegar a ser alcalde o no. El Jurado volvió a eludir una declaración de fondo.

Tres semanas después de la decisión sobre Morropón, el Jurado Especial de Lima Centro archivó un caso sobre la publicidad y las pintas hechas en Breña a favor de López Aliaga, en las que se anunciaba que postulaba para volver a ser alcalde. El Jurado Especial se limitó a declarar que no podía imponer una multa a nadie y dejó de lado la cuestión del retiro de la publicidad.

Las declaraciones que el Jurado ha hecho al final del proceso debieron ser anunciadas al principio, o al menos cuando aún podían interrumpir campañas engañosas que terminaron por distorsionar el sentido del voto de los electores. Más que demora, se trata de un caso de omisión. Pero esta omisión no pone en el sillón municipal a López Aliaga ni a ninguno de los alcaldes que ensayaron la misma ruta. Ellos no son los perjudicados en este proceso. Son los principales causantes del desconcierto que se ha generado, los autores de las campañas engañosas que debieron ser interrumpidas, no toleradas hasta el final. Los perjudicados son los electores que terminaron desperdiciando sus votos por dejarse llevar por esas campañas. Quienes siguieron estas campañas respaldaron discursos que pretendían burlar la Constitución. Pero las siguieron en un contexto en que la autoridad parecía avalar ese camino.

La cuestión pendiente de respuesta se refiere a las responsabilidades que corresponden al Jurado. El Jurado debió proteger a los electores de los efectos de la publicidad engañosa de candidatos que pretendían eludir una prohibición constitucional. Esta historia describe una secuencia de omisiones que permitieron mantener en el mercado una oferta política engañosa cuando era posible y obligatorio intervenirla.

Una evaluación de este tipo no es asunto que corresponda a una fiscalía ni a una comisión del Congreso. En especial, el Congreso debe considerarse impedido de intervenir en asuntos electorales por el evidente conflicto de intereses que ello provocaría. Evaluar cómo se gestaron estas omisiones solo puede ser tarea de las entidades que eligieron a los miembros del Jurado, si ellas deciden examinar estos hechos y establecer si estas omisiones justifican poner fin al mandato de sus integrantes a través de una vía que deberá ser suficientemente equilibrada para estos fines.

López Aliaga no puede convertir el silencio del Jurado en fuente de derechos que le permitan ocupar la alcaldía. El Jurado tampoco puede negar que debió intervenir cuando el proceso estaba aún en marcha, no al final.